La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP y el Grupo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar como el Estado peruano, dentro de su política energética y extractiva, ha promovido diversas actividades en territorio indígena sin tener en cuenta que éstas han afectado sus derechos a la vida, a la salud y al territorio.
El representante de AIDESEP, Henderson Rengifo, insistió ante la CIDH que hasta la fecha el Estado peruano sigue vulnerando los derechos de los Pueblos Indígenas y recordó, que el 30 de julio del presente año, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de los Pueblos indígenas y ordenó al Estado peruano a emitir un reglamento de Consulta a los Pueblos Indígenas en actividades minero energéticas, el cual tendría que ser trabajado con ellos antes de su publicación.
Refirió que sin embargo, el pasado 25 de octubre, en la página web de MINEM, se realizó la pre-publicación del “Reglamento de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas”, el cual recibirá aportes sólo hasta el 04 de noviembre.
Sin consenso
Ante esta situación, el representante de AIDESEP recalcó que el Estado no coordinó ni buscó el consenso con ellos para la elaboración de esta propuesta, con lo cual se infringió abiertamente el mandato del Tribunal Constitucional.
Ante ello, solicitó al Estado realizar un adecuado proceso de participación y consulta de este reglamento antes de su emisión.
Respecto a la autógrafa de la Ley de Consulta, el representante de AIDESEP, Henderson Rengifo, mencionó que la Ley que desarrolla el derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas fue producto de un largo debate, que contó con el respaldo de las organizaciones indígenas y que fue aprobada en el Congreso de la República el 19 de mayo.
Por su parte, Hernán Coronado, representante del CAAP, precisó que el Poder Ejecutivo sancionó y paralizó dicha norma y aseguró que no se podía conferir derechos que privilegiaran a unos (los Pueblos Indígenas) sobre otros (población general).
Respecto a la entrega de lotes de hidrocarburos sin consulta, el representante de AIDESEP, también recalcó que el Estado entregó los lotes petroleros sin consultar previamente y que sólo se realizaron talleres informativos.
Por otro parte, Cesar Gamboa de Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR, recalcó, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que una clara muestra de la incoherencia de la política energética nacional es el caso de la firma del Acuerdo Energético entre Perú y Brasil que fue suscrito sin tener en cuenta los intereses nacionales; y, lo que está ocurriendo en la Comunidad Canaán de Cashiyacu y Nuevo Sucre (Amazonía peruana), donde existen evidencias de contaminación de ríos, ruptura de oleoductos y tuberías de petróleo.
Por otro lado, Gamboa enfatizó que las comunidades nativas no se han visto beneficiadas por los montos que entregan las empresas petroleras por concepto de canon, siendo que a la fecha las comunidades de la Amazonía peruana permanecen en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
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