SAN MARTÍN. En la zona denominada Alto Mayo, entre las provincias de Rioja y Moyobamba, en la región San Martín, se encuentra el hogar de, por lo menos, 14 comunidades nativas y anexos de la etnia comúnmente conocida como awajun. Sin embargo, sus habitantes se identifican a sí mismos como aents (que en español significa gente) o iinia (que se traduce como nosotros).
El pueblo aents es la segunda población indígena u originario amazónico más grande de Perú, en términos demográficos, después de la etnia asháninka. Su presencia no solo se extiende en la región San Martín, sino también abarca grandes áreas de Amazonas, Loreto, Cajamarca y Ucayali, de acuerdo con el Ministerio de Cultura (Mincul). Las realidades del pueblo aents, así como sus necesidades y demandas varían según la región en la que están ubicadas.
Cómo contrarrestar la violencia contra la mujer
Liseth Atamain Uwari, comunicadora indígena y líder aents, quien reivindica su pueblo bajo el nombre de Yanua, en homenaje a su abuela materna y que significa mujer estrella, conversó con Inforegión sobre el desafío central que afronta su comunidad asentada en el Alto Mayo. En ese contexto, subrayó que la violencia hacia la mujer dentro de su comunidad, que es un anexo del centro poblado Bajo Naranjillo, es un problema grave, con una alta tasa de casos, pero no suele ser abordado.
«En la región Amazonas, donde habita la mayoría de nuestro pueblo, existen problemas con la minería y la deforestación. En San Martín, la violencia dirigida hacia las niñas, adolescentes y mujeres adultas está normalizada y hay demasiada impunidad. En las comunidades se conoce de esta problemática, pero no suelen ser solucionados. Yo he visto cómo niñas, que están creciendo, de un momento a otro están con bebés y muchos casos son por violaciones. Es muy preocupante lo que está ocurriendo en el territorio», indicó.
En noviembre del 2022, Yanua Atamain denunció amenazas de muerte realizadas por un individuo y su familia, a quien ella había acusado de cometer el delito de violación sexual contra una menor de 12 años. Las amenazas surgieron luego de que la defensora indígena rechazó extorsiones y sobornos por parte del agresor y sus allegados. Para salvaguardar su seguridad y la de su familia, Yanua tuvo que trasladarse a Lima. Sin embargo, a pesar de haber interpuesto una denuncia formal, hasta la fecha, el sujeto permanece en libertad.
Acciones para vivir sin miedo
Frente a esta realidad, las mujeres de los pueblos indígenas aents, kichwa y shawi, en San Martín, han elaborado un protocolo de atención para situaciones de violencia hacia la mujer, que permite que estos casos sean atendidos por la justicia ordinaria. El instrumento fue gestionado durante el periodo de pandemia por el Covid-19, para el cual se firmaron convenios entre las organizaciones interesadas.
«Un caso en mi comunidad ya fue atendido bajo ese protocolo. Como mujeres, llegamos a la conclusión de que si queremos buscar soluciones duraderas y seguras, tenemos que comenzar por nosotras, en nuestros territorios, sin esperar que entidades externas o personas de afuera vengan a resolverlo. Por ello, decidimos formar redes de mujeres para afrontar la violencia y fortalecernos, porque no es posible que en nuestras comunidades vivamos con miedo. También buscamos estar en los espacios de poder», indicó.
Según explicó Yanua, las comunidades indígenas siguen un proceso para acceder a la justicia. Para presentar una denuncia, primero se debe acudir al jefe de la comunidad. Luego, si la persona afectada siente que la situación no se ha resuelto de manera satisfactoria o desea apelar, puede pedir la transferencia a la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público (Ocajimp) o solicitar la intervención de la justicia ordinaria. No obstante, Yanua recalcó que en casos de violencia, la denuncia debe realizarse ante una comisaría o en el Centro de Emergencia Mujer (CEM).
«Estamos en ese proceso de cambio, de lucha interna, para que el protocolo sea efectivo. Todavía hay mucha resistencia por parte de los dirigentes, los mismos apus y gente de la comunidad. El estatuto que tenemos ha sido elaborado por varones y tenemos que admitir que aún existe mucho machismo. Por ejemplo, hubo un caso de acoso sexual de un profesor hacia una menor y la misma comunidad dijo que iban a arreglarlo internamente, de acuerdo a la ley consuetudinaria. El director no lo quiso reportar. Cuando denunciamos a la Fiscalía, el tipo ya se había ido, porque lo habían dejado libre», comentó.
Educación sexual integral para prevenir la violencia
La también promotora cultural reiteró que falta comunicar mucho más la importancia del protocolo, puesto que los casos de violencia son tildados de error, cuando en realidad se trata de delitos y el Estado debería poder intervenir. Asimismo, destacó la necesidad de una educación sexual integral e intercultural, así como campañas públicas.
«La problemática de la violencia de género debe ser trabajada conjuntamente con las autoridades locales y a nivel de los gobiernos regional y nacional. En el colegio no hay una educación pertinente y los padres, por su parte, tampoco conversan de estos temas con sus hijas e hijos. Desde el Ministerio de Educación debe educarse a los niños y niñas respecto de esto. Se tiene que poner en agenda lo que el pueblo aents viene pasando. Se habla de territorio, pero son las personas que viven allí las que hacen el territorio. Necesitamos mujeres fuertes. Su rol es fundamental y su espacio y bienestar debe estar garantizado«, sostuvo.