Pueblos indígenas beneficiarios de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) participaron de un taller informativo sobre la situación que vive la localidad con la actividad extractiva de la empresa norteamericana Hunt Oil, la cual tiene concesiones del Estado superpuestas sobre la reserva y los pueblos que la habitan, a saber Harakmbut, Yine y Matsigenka.
La empresa extractora ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Ejecutor de Contrato de Administración de la RCA para que emita su opinión sobre este hasta el 21 de setiembre. Sin embargo, varias agrupaciones indígenas dicen que el plazo para la ECA-RCA es muy corto en comparación a los asesoramientos y los implementos técnicos con los que cuenta la empresa.
Antonio Iviche, líder del pueblo Harakmbut, señaló que “el plazo que nos impone para la opinión técnica de EIA es un abuso, están acostumbrados a confundirnos sin que tengamos el tiempo suficiente para leer cuando la empresa ha contratado a un equipo multidisciplinario y ha invertido tiempo y dinero, eso no justo”.
Además representantes indígenas han manifestado, según información de la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) a la que accedió INFOREGIÓN, que el Plan Maestro de la RCA ha sido sujeto a cambios por parte de autoridades nacionales, específicamente el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el cual habría aprobado el plan suprimiendo las consideraciones de Zonas de Protección Estricta (ZPA).
Los representantes indígenas firmaron el acta del Plan Maestro sin convencimiento técnico sobre el tema y luego de eliminada la ZPA, lo que significa que estas zonas podrán ser utilizadas para actividades de intervención humana sin ningún problema. A raíz de esto se suscitaron problemas al interior de las comunidades indígenas.
Jaime Corisepa Neri, presidente de FENAMAD, ha sostenido que la empresa los ha divido al querer negociar directamente con los miembros de cada comunidad nativo, incluso con aquellas que no están ubicadas en la reserva y que han “caído en firmar un acta aprobando el Plan Maestro sin asesoría legal de FENAMAD porque nos ha presionado cuando debimos decirles a funcionarios públicos”.