El viceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, señala que no se pueden desarrollar procesos económicos o de inversión al margen de la ley y que deberán ser revisados aquellos que hayan sido aprobados sin el requisito de consulta previa a las comunidades indígenas, pese a que ello pueda traer un perjuicio para el Estado. También da luces sobre los avances en el reglamento de la Ley de Consulta Previa que reivindicará los derechos de las comunidades nativas y originarias.
-Viceministro, su despacho está trabajando en la implementación del reglamento de la Ley de Consulta junto a una Comisión Multisectorial y tienen 90 días para terminarlo. ¿Cuánto han avanzado?
-Creo que ya se han tomado las decisiones más importantes, LA PRIMERA, se ha formado una comisión multisectorial donde están, además de este viceministerio, los de Agricultura, Trabajo yenergía y Minas que son los de mayor incidencia en el sector. La comisión va a coordinar todos los trabajos preparatorios, como el reglamento y la identificación y elaboración del registro, pero a la vez esa comisión va a tener como encargo la coordinación con todos los sectores. En otras palabras, los 18 ministerios van a participar en este proceso, porque tanto la ley como la reglamentación son temas que se tienen que hacer en todo el Estado, a nivel de gobiernos regionales y locales para poder implementarlo adecuadamente.
-¿De qué manera se va a lograr inscribir e identificar a estas comunidades que están involucradas en el marco de esta Ley?
-Los primero que va a hacerse es la consolidación de la información existente, no se olviden que hay ya registradas comunidades en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el Ministerio de Agricultura, Cofopri, todo eso seguramente no está ordenado; claro, hay que complementarlo y hay que lograr a través de estos mismos organismos, convocar tanto a los pueblos como a sus organizaciones. Todos tienen que contribuir.
PROYECTOS ILEGALES
-Hay varios proyectos aprobados en territorios nativos, ¿se necesitará la aprobación de la población o la ley abarcará solo a los nuevos proyectos?
-No es retroactivo porque no tiene necesidad de serlo, en la medida de que el estado peruano es signatario del convenio 169 y éste esta vigente desde 1995 y establece que debe haber una consulta previa, todo lo actuado desde ese período hasta ahora, si es que no se ha hecho respetando esa consulta previa, es ilegal. En realidad, eso no tiene ningún amparo legal, por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer nada retroactivo, porque todo eso que se ha hecho, sin aplicar el convenio 169, es ilegal de por sí.
-Entonces se van a volver a trabajar sobre estos proyectos dejados por el gobierno anterior.
-En la medida que el Estado cumpla con aplicar este convenio 169, tanto como la Ley de Consulta Previa, todo eso que se ha hecho, sin cumplir con estos requisitos, es ilegal.
-Hay quienes dicen que los proyectos y contratos tienen que cumplirse o de lo contrario hay que asumir las consecuencias, que muchas veces son económicas…
-Pero es que la ley y la legalidad, siempre tienen un costo. Porque tampoco se puede desarrollar procesos económicos o de inversión al margen de la ley.
-Esta es una herencia que nos ha dejado el gobierno de Alan García. Allí habrá controversia…
-No hay duda, no solo el gobierno anterior, sino todo lo actuado desde el 95, que no se haya sujetado a este dispositivo, que ya se han comprometido con el estado peruano, está mal. En algunos casos, habrá que buscar salidas de revisión, renegociación, pero que al no haberse sometido a la legalidad, eso implica incurrir en un margen de ilegalidad. Por consideraciones económicas, sociales o políticas quizá podrían tener un trato flexible, pero caso por caso, pero en general, son casos de actos ilegales.
FUENTE: LA PRIMERA, Rocío Vara