Grandes beneficios económicos y sociales, mayor impulso a la actividad agropecuaria e industrial, así como reforestación y desarrollo de la zona, lograrán las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, además de toda la región, de concretarse un acuerdo entre la comunidad y la empresa minera Majaz para llevar a cabo el Proyecto Río Blanco, en las alturas de Piura.
Tras realizar un detallado e imparcial estudio de dicho proyecto propuesto por la minera, en el que se plantea invertir US$ 1 000 millones de dólares para explotar cobre y molibdeno en la zona, el ecólogo Antonio Brack consideró que se impulsará la economía local pues dará trabajo directo a más de seis mil personas, la mayoría provenientes de la zona; concretará la construcción de infraestructura básica y desarrollará proyectos de inversión agropecuaria, ambientales y sociales, gracias al canon y las regalías que generará la actividad minera.
Trabajo seguro
Según el experto, las operaciones de construcción de la primera etapa darán trabajo a cinco mil personas durante dos años; y luego, a 1 200 en la etapa de operación de la mina, con preferencia a gente de la zona, impulsando con ello el nivel de vida de esta olvidada región que cuenta con una gran mayoría de población en situación de pobreza.
Por otro lado, explicó que el canon minero y las regalías por las operaciones de Majaz darán mucho impulso económico y se podrá mejorar el ingreso de las provincias de Huamcabamba, Ayabaca y Sechura, así como de sus distritos y comunidades.
Puso como ejemplo el caso del distrito de Carmen de la Frontera, uno de los impulsores precisamente de la consulta popular contra la minera. “Su presupuesto actual es de apenas US$ 800 mil dólares por año. Con el canon y las regalías, recibirá US$ 4 200 millones de dólares en el primer año; US$ 2 500 millones de dólares desde el segundo al quinto año; y US$ 1 900 millones de dólares a partir del sexto al vigésimo año, y lo mismo sucederá con las otras provincias”, indicó el experto.
Pero éste no es el único caso. “El pueblo de Yanta, en Ayabaca, recibirá anualmente un incremento de 3 000% más respecto de los US$ 50 mil dólares anuales que recibe actualmente de su municipio provincial”, graficó.
Responsabilidad social
El impulso económico, producto del canon y las regalías mineras, se reflejará en la propuesta de trabajo social con las comunidades ubicadas en el área de influencia minera, con proyectos viables en el corto plazo y sostenibles en el tiempo, que permitirán la implementación de diversos proyectos de desarrollo y pequeñas empresas que ayudarán a mejorar la calidad de vida de la población, en base a un principio de participación y equidad cultural, de género y de minorías.
Indicó que la propuesta minera contempla la ejecución de proyectos específicos de obras de infraestructura con el concurso mancomunado de los municipios y de la población, como redes de agua y desagüe, plantas de tratamiento de agua, disposición de residuos sólidos y canales de regadío.
Otro proyectos contemplados son así la producción de plantas medicinales, el manejo agro ecológico de cultivos, artesanías, productos tradicionales, promoción y desarrollo de la ganadería y animales menores, control de plagas y enfermedades, producción de papa nativa, apoyo a la comercialización de productos, certificación agro ecológica de productos agrícolas nativos, introducción de variedades mejoradas, asistencia técnica en café, caña de azúcar y otros cultivos, y desarrollo de la agroindustria en la zona.
Brack detalló que la zona tiene un gran potencial para desarrollar proyectos de implementación de piscigranjas que, con una inversión inicial de S/. 60 mil nuevos soles pueden producir 90 toneladas de trucha por hectárea; así como de desarrollo turístico, de ecoturismo (con atractivos como el Camino Inca y la Laguna de las Huaringas) y de conservación ecológica que generarán recursos y trabajo para la población.
Proyectos de agro forestación
Brack se mostró especialmente entusiasta por la posibilidad de desarrollar proyectos de agro forestación que mejoren las condiciones ambientales y generen recursos para la región. “Esas 12 mil hectáreas deforestadas que existen actualmente en la zona entrarían a un Plan de Reforestación con US$ 100 mil dólares de inversión por año y con semillas mejoradas que, al cabo de doce años, producirá una cosecha de mil hectáreas que generarían en valor de madera unos US$ 10 millones de dólares anuales y trabajo seguro para seis mil personas”, estimó.
“Si se impone el diálogo y la conciliación al más alto nivel y se llega a un buen acuerdo entre las comunidades y la empresa minera, vigilando estrictamente el compromiso social, los beneficios económicos y sociales para estas comunidades olvidadas serán enormes”, concluyó Brack en su programa especializado “La Buena Tierra”.