El proyecto de ley de amnistía a militares presentado por el presidente de la comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, Edgar Núñez, es jurídicamente inviable, señaló el Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra.
Gamarra recordó que las amnistías ya fueron discutidas en 1995, cuando el procesado ex presidente Alberto Fujimori dio normas de ese tipo para los militares inmersos en el caso Barrios Altos y, años después, con los del caso Cantuta.
Al respecto, resaltó que en 2001 las normas de amnistía fueron declaradas inadmisibles e improcedentes por el gobierno de transición de Valentín Paniagua, bajo el razonamiento de que no se puede amnistiar ni perdonar a violadores de derechos humanos.
«De allí que ese proyecto de ley que viene preparando el congresista Núñez sea jurídicamente inviable», resaltó Gamarra, quien indicó, además, que la propuesta legislativa parte de la falsa premisa de la persecución a los militares que combatieron el terrorismo.
«Hay que hacer una distinción en el sentido de respetar y apoyar a los militares que, usando las armas que el estado le dio y respetando el derecho, combatieron al terrorismo», dijo el ex procurador.
Señaló asimismo que «otra cosa muy distinta es nuestra crítica y condena al militar que, manchando el uniforme de Bolognesi, procedió a violar sexualmente mujeres, asesinar niños o ancianos y acribillar a terroristas rendidos o heridos».
«Estos últimos casos son violaciones a los derechos humanos y necesariamente tienen que ser investigados, juzgados y sancionados», reclamó.
Solo 14 militares acusados por violación a lo DD.HH. cumplen condena
En entrevista con INFOREGIÓN, Gamarra detalló que, según la cifra oficial de la sala penal especial que juzga a los militares con acusaciones por violación a los derechos humanos, no es cierto que haya 3 mil militares procesados por este delito.
Aclaró que la cifra exacta es de 280 militares procesados, de los que el 80 por ciento tiene orden de comparecencia y no de detención. Agregó que, de los 53 casos en los que se ha ordenado la captura, solo 14 se encuentran detenidos y 39 prófugos.
«A la fecha se han emitido 35 sentencias por diferentes tribunales respecto de 119 personas, militares todos. De estos 119, solo 28 han sido condenados, por lo que no se puede hablar de una persecución política ni judicial», reiteró.
«Aquí lo que hay son imputaciones a militares por violación a los derechos humanos y creo que los tribunales se están comportando como deben, condenando a los que deben y absolviendo a los inocentes», finalizó.