La ley que regula el uso de la fuerza por parte del personal militar tiene como objetivo proteger a la ciudadanía, así como los bienes públicos y privados, resaltó la ministra de Justicia, Rosario Fernández.
Fernández señaló en respuesta a las ONG de Derechos Humanos que cuestionan la norma que sus objeciones no tienen fundamento, pues no existe derecho a la destrucción legalmente establecido.
«Se ha dicho en más de una oportunidad que el derecho a la expresión está constitucionalmente garantizado pero lo que no esta aprobado por la Ley es la destrucción, no existe derecho a la destrucción legalmente establecido», precisó.
En otro momento, la titular de Justicia manifestó que los decretos legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo son constitucionales y se ajustan estrictamente al marco de la delegación de facultades para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Las declaraciones de la ministra Fernández fueron dadas luego de participar en la ceremonia de presentación del Compendio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, realizada en el Congreso de la República.
