La noche del martes 23 de octubre del año pasado, seis efectivos de la Policía Nacional irrumpieron en el hostal Toro Bravo, en Iquitos, el operativo buscaba menores de edad. Policías y fiscales recorrieron una a una las seis habitaciones ocupadas en ese momento. Negativo. Luego de constatar que todos los huéspedes portaban DNI, se retiran sin hallar niños o adolescentes.
“Encontrar flagrancia de delito es la única manera de sancionar a los hostales, y sus dueños, permisivos con el ingreso de menores”, dijo un alto mando policial para esta nota. Y aunque en la consecución de ese objetivo hasta ahora no ha tenido suerte, la Policía de Iquitos tiene motivos suficientes para seguir interviniendo Toro Bravo, e incluirlo, junto a otros cuatro hospedajes de la ciudad, en la lista negra de los que permiten delitos sexuales contra menores de edad.
Para esta nota INFOS recoge los testimonios de víctimas de agresión sexual, acusados de violación y proxenetas. Sus declaraciones tienen un denominador común: la ocurrencia de los hechos en el hostal del congresista fujimorista Víctor Grandez, el que, para efectos tributarios, se encuentra registrado a nombre de su madre, doña Rosa Estefita Saldaña Vargas, una anciana de 80 años de edad.
VIOLACIÓN SEXUAL
“La llevé al Toro Bravo y la dejaron pasar. No le pidieron DNI”, dice, fríamente, Javier Ángel Gallardo Lachuma, 34 años, a quien INFOS encuentra en su trabajo, una gasolinera de la avenida José Gálvez, en Iquitos. La persona a la que se refiere es una menor de 13 años, de iniciales V.F.Z.U, a quien sedujo y con quien mantuvo relaciones sexuales en repetidas ocasiones en el citado hospedaje, según el expediente 2627-2010, de la Tercera Fiscalía Superior de Maynas.
Producto de la relación delictuosa, la menor quedó embarazada, motivo por el que su madre, María Ushiñahua González, denunció a Gallardo Lachuma. El Ministerio Público, luego de las investigaciones correspondientes, que incluyeron una inspección en el lugar de los hechos, dio pase a juicio oral, y solicitó treinta y cinco años de pena privativa de libertad para el acusado.
Javier Gallardo solo estuvo diecisiete meses preso. Su abogada, la doctora Karina García, logró que el 1º Juzgado Penal de Maynas determine su liberación bajo un polémico argumento, “el acusado no ejerció violencia contra la menor. Mantuvieron relaciones sexuales de mutuo acuerdo”, dice para esta nota, y agrega que “a este tipo de hostales deberían encausarlos también como parte del proceso, por haber facilitado el ingreso de una menor de edad”, refiriéndose a Toro Bravo.
A diferencia de este primer caso –en el que el inculpado reconoce los hechos–, en el de Golberth Oroche Sánchez, las versiones del supuesto agresor y el del menor víctima difieren. “Yo conocí a un muchacho en una discoteca y estuve con él sin saber que era menor de edad. Sin embargo él asegura que luego fuimos al Toro Bravo y mantuvimos relaciones sexuales, lo que es falso”, se defiende Oroche, un conocido productor de televisión en Iquitos.
Luego de la investigación preliminar, que la entonces 4ª Fiscalía Provincial Mixta de Maynas llevó adelante, el Ministerio Público encontró indicios suficientes para avalar la versión del menor B.A.G.T.B, de 14 años de edad, acusando a Golberth Oroche ante el 4º Juzgado Penal de Maynas, instancia en la que el caso se encuentra en etapa de investigación.
Curiosamente, Toro Bravo fue una de las empresas auspiciadoras del programa de televisión que Golberth Oroche produce. “Conversé con Víctor Grandez para que su negocio auspicie mi programa, y me puso en contacto con su hermano para cerrar el contrato”, dijo para esta nota.
EXPLOTACIÓN SEXUAL
“Proxenetas de Iquitos” es el nombre del caso cuyo voluminoso expediente envió la Divincri al Ministerio Público el pasado 22 de junio. En el detallado atestado, cuya formulación tomó cerca de medio año, la Policía no solo logró identificar a una mafia local de proxenetas que ofrece menores de edad, sino también los hostales que usan para concretar sus delictivos negocios. El negocio familiar del congresista Víctor Grandez Saldaña es uno de ellos.
Un testimonio en particular es relevante para esta nota, el de la menor L.M.M.H, de 15 años de edad. La adolescente cuenta que gracias al contacto de Henry Ruiz Pérez, actualmente acusado por proxenetismo, brindó servicios sexuales este año en Toro Bravo a un cliente llamado Sergio, a quien le cobró la suma de S/. 300. También son identificados como proxenetas de la menor, Arturo Sevillano Tello y Erick Pinedo Murrieta, aún en libertad.
INFOS logró conversar con uno de ellos en un barrio de la periferia de Iquitos. El autodeclarado proxeneta dice ofrecer “bellas chicas de 13 a 16 años, glamorosas, regias, en diferentes hostales de la ciudad… el Toro Bravo es uno de ellos. Allí habré colocado chicas por los menos tres veces”, asegura, mientras continúa dedicándose, desde la sombra, a su ilegal negocio sin que la policía pueda dar con él.
Isabel Honores, madre de la adolescente captada por esta mafia, cree que también hay responsabilidad en el hospedaje, y que debe ser clausurado. “Si no permitiesen el ingreso de niñas esto no le hubiera sucedido a mi hija”, dice. Está preocupada. Hace unas semanas recibió una notificación del Hogar Padre Ángel Rodríguez, albergue en el que fue recluida su hija tras ser rescatada: la muchacha se ha fugado, y cree que puede caer en la misma red de prostitución.
MODUS OPERANDI
Que el congresista de Fuerza 2011, Víctor Grandez Saldaña, es el dueño de Toro Bravo, no es un secreto en Iquitos, al punto que goza de ese apelativo entre periodistas y políticos locales. Lo que sí es una novedad es que colocar empresas a nombre de su octogenaria madre sería el modus operandi del parlamentario para desvincularse de sus negocios.
INFOS pudo comprobar que además del hostal, la señora Rosa Estefita SaldañaVargas figura como propietaria, en Registros Públicos, de la empresa Producciones y Negociaciones Acuícolas Toro Bravo, homónima del hostal, con el que además comparte la misma dirección en Sunat (Av. Guardia Civil 679), y de la que el congresista Víctor Grandez fue gerente desde su fundación hasta su renuncia en el 2010, sin consignar luego esa información en su hoja de vida.
Consultado para esta nota, Grandez negó cualquier tipo de relación con el hostal, dijo que no sabe lo que ocurre allí y que nunca tuvo acceso directo al mismo. Sin embargo, lo que el congresista no quiso decirle a INFOS es que en el 2010 ofreció el hostal Toro Bravo como parte de garantía para solicitar un préstamo agropecuario, proceso por el que hipotecó el hospedaje para poder obtener el crédito. Sí lo conoce, y tuvo manejo sobre el mismo.
SANCIONES Y PENAS
Aunque los testimonios de menores abusados, proxenetas y hasta acusados de violación identifican al hostal del congresista como lugar de los hechos, Toro Bravo por alguna extraña razón, hasta ahora no ha sido sancionado ni incluido como parte responsable de los delitos sexuales contra menores sucedidos en sus instalaciones.
En Iquitos es comentario común ligar a Víctor Grandez a la práctica de proxenetismo. Una denuncia por la comisión de ese delito, incluso, se interpuso ante la Comisión de Ética del Congreso en julio de este año. Lo que INFOS sí puede afirmar es que Toro Bravo, parte de sus negocios familiares, permitió la comisión de tres delitos sexuales contra menores de edad en los últimos tres años. (Christopher Acosta)
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