Prorrogan estado de emergencia en Huánuco, San Martín y Ucayali

El Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de emergencia en el distrito de Cholón, de la provincia de Marañón; en el distrito de Monzón, de la provincia de Huamalíes; y en la provincia de Leoncio Prado, ubicados en el departamento de Huánuco; así como en las provincias de Tocache (San Martín) y de Padre Abad (Ucayali).

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 092-2012-PCM, la medida regirá a partir del 7 de setiembre del presente año, ante los continuos desplazamientos de los remanentes de Sendero Luminoso por las zonas de la margen izquierda y derecha del río Huallaga.

En esta jurisdicción también existe el problema del tráfico ilícito de drogas y el sembrío ilegal de la hoja de coca, que es la principal actividad de la población.

La normal señala que, durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

El referido Decreto Supremo está firmado por el Jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso; el Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor; y los titulares de los portafolios de Defensa, Pedro Cateriano Bellido; del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra; y de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas Franchini.

Emergencia en Áncash

Del mismo modo, el Ejecutivo declaró en estado de emergencia al distrito de San Luis, ubicado en la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, en la región Áncash, por un plazo de 60 días calendario, debido al peligro inminente  de deslizamiento de tierras en la zona.

Según el Decreto Supremo N° 091-2012, la medida fue adoptada a pedido del Gobierno Regional de Áncash, que dio cuenta que muchas viviendas presentan hundimiento y agrietamientos en los pisos y paredes y que, además, se han registrado derrumbes.

Ante esta situación, se dispuso que se ejecuten las acciones inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación para la reducción y minimización del alto riesgo existente en las zonas afectadas.

Estas labores estarán a cargo del gobierno regional y los gobiernos locales involucrados, con el apoyo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y los sectores Salud, Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento.