A través de la realización de un debate, Propuesta Ciudadana planteó el cuestionamiento de presuntas irregularidades registradas en las conexiones que existen entre las inversiones realizadas por el sector privado dentro del sector educativo.
En el evento se informó que las inversiones destinadas a la infraestructura en el ámbito educativo equivale a 63 mil millones de soles, e incluso, el representante del Ministerio de Educación, afirmó que la suma destinada a la ejecución de obras por impuestos en educación ascendería a 360 millones de soles en el 2016. No obstante, Propuesta Ciudadana manifestó la necesidad de implementar medidas que supervisen estas acciones, en las que aparentemente se desea evitar financiar obras para otros sectores públicos.
Por otro lado, el presidente ejecutivo de Invertir Group, Daniel Córdova, señaló que las alianzas público privadas buscan promover la inversión pública por parte del sector privado, el cual está orientado principalmente a reducir las brecha de desigualdad en infraestructura. Sin embargo, la socióloga de Propuesta Ciudadana, Marisa Glave, indicó que no hay ninguna prueba que evidencie que el sector privado realice obras cuyos resultados sean potenciados por el costo y la eficiencia de su ejecución.
Asimismo, Propuesta Ciudadana planteó que la responsabilidad de seleccionar a las entidades beneficiarias de estos proyectos, debería recaer sobre el Estado, el cual tendría la obligación de hacer un seguimiento durante las distintas fases de ejecución de las obras, se informó a INFOREGIÓN
“Es necesaria una mayor transparencia sobre cómo se selecciona a la empresa constructora de las obras e información sobre los costos de la misma”, afirmó Glave.
Finalmente, se informó que este tipo de inversiones se realizan bajo los esquemas de obras por impuestos en los que las empresas buscan invertir en los sectores de transporte, saneamiento y educación con el fin de fortalecer su reputación frente a la responsabilidad social empresarial. Además, se destacó que hasta el momento 64 empresas vienen realizando este tipo de inversión, sobre todo las empresas mineras. No obstante, estas inversiones serían extraídas de los recursos de Estado porque son impuestos que el sector privado deja de pagar.