El Colegio de Abogados de Lima (CAL) planteó promover una norma que sancione con la destitución o vacancia a los funcionarios que incumplan las normas de transparencia y acceso a la información, como medida para luchar contra la corrupción.
El CAL también planteó que todas las páginas web de las instituciones públicas consignen un rubro de gestión de intereses, en el cual se informe de las visitas y pedidos realizados de acuerdo a la ley de loobies.
Igualmente, pidió que los funcionarios de primer nivel del Estado hagan públicas sus agendas dentro de las 24 horas de realizadas e informen con quiénes se reunieron y qué temas tocaron.
En ese sentido, el decano de la orden, Walter Gutiérrez, consideró necesario que los gestores de intereses estén inscritos en la Contraloría General de la República y que los funcionarios informen a este ente de la actuación de quienes realizan esta labor de forma informal.
Por otro lado, el CAL propuso la designación de un contralor independiente, de reconocida trayectoria profesional, en un proceso en el que debería considerarse la opinión de las organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, Gutiérrez, solicitó a las autoridades del sector justicia poner en vigencia en los juzgados anticorrupción el nuevo Código Procesal Penal con la finalidad de sancionar de manera efectiva, severa y rápida, los delitos que se cometan.