El presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Daniel Figallo, informó que siguen la denuncia de 63 mil casos por el delito de narcotráfico, de los cuales 85% corresponden a microcomercialización.
Aseguró que las procuradurías realizan un trabajo concertado y cada proceso tiene varias aristas por lo que están elaborando un proyecto de ley que permita articular la defraudación tributaria con el lavado de activos.
«Es decir, tipo Al Capone, permitir la intervención de todos los instrumentos para hacer un cotejo desde el punto tributario y penal», aseveró el representante del Estado.
Figallo Rivadeneyra indicó que 44 jueces han sido denunciados por supuesta mala actuación en casos de narcotráfico.
Infiltración del clan Sánchez Paredes
De otro lado, el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, se refirió también al clan familiar de los Sanchez Paredes y precisó que han instalado en el Poder Judicial un “Rosario de artimañas concertadas con varios jueces” para entorpecer las investigaciones sobre presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico en su contra.
Figallo Rivadeneyra aseguró que los Sánchez Paredes buscan que el proceso en su contra no llegue a buen puerto.
Precisó que a la fecha se han identificado a cuatro vocales y a dos jueces quienes, a través de sus resoluciones, han favorecido al clan familiar denunciado por la Fiscalía este año.
Estos magistrados son los jueces David Tito Bartolla Serrano e Isabel Miranda Hidalgo, quienes declararon fundados los hábeas corpus presentados por algunos integrantes de los Sánchez Paredes.
Además, los ex integrantes de la Cuarta Sala Penal para Reos Libres Carlos Ventura Cueva, Hermilio Vigo Zevallos, Demetrio Ramírez Descalzi y Aurora Quintana Chamorro, quienes actualmente son investigados por la Oficina de Control de la Magistratura por presuntas irregularidades en el ejercicio de su función.