Debido a que el Estado no fue considerado como parte agraviada en el proceso a Alberto Fujimori por la matanza de 15 personas en un solar de Barrios Altos en 1991, la Procuraduría Anticorrupción no participará directamente en este caso pero sí brindará apoyo jurídico a los abogados de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, encargados de la defensa de las víctimas y familiares.
Así lo informó el procurador Pedro Gamarra, encargado de la defensa del Estado peruano en los juicios a Fujimori por los casos de violaciones a los derechos humanos como La Cantuta y el Sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército.
El abogado del Estado detalló que en el fallo final de la Corte Suprema chilena, no se consideró el delito de desaparición forzada, en el cual el Estado peruano era parte agraviada, pero sí en cambio homicidio calificado y lesiones graves, que tienen víctimas individuales. Por ese motivo, no se consideró al Estado como parte agraviada.
Gamarra indicó que por ello, la Procuraduría Anticorrupción no intervendrá directamente es el caso Barrios Altos “pero sí apoyaremos en todo lo necesario a los abogados de APRODEH quienes representan a familiares y víctimas ante la Primera Sala Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia”.
El representante del Estado señaló que la intención de la Procuraduría Anticorrupción es demostrar la responsabilidad del principal acusado en las muertes del caso Barrios Altos, por lo cual, están dispuestos a unirse y coordinar con los abogados de las víctimas, en este caso, APRODEH.