En el primer año de funcionamiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción, Descentralizada de Huánuco, esta oficina tiene ya unos 400 casos judicializados, además de otros 30 casos con proceso abierto en el Ministerio Público contra alcaldes provinciales y distritales, según detalló su titular Ricardo Robles y Coz.
El Procurador Anticorrupción de Huánuco lamentó sin embargo la lentitud que existe en las investigaciones preliminares del Poder Judicial. “Es preocupante porque en apenas un año de gestión ya tenemos muchísimos problemas”, alertó.
Explicó por ejemplo que los plazos previstos por la ley en delitos en agravio del Estado casi nunca se cumplen y existen operadores judiciales que son especialistas en alargar los plazos y autoridades que no administran justicia con severidad.
Criticó que el Ministerio Público parezca una tortuga coja y que en el Poder Judicial se castiguen con rapidez los delitos menores enviando a ciudadanos a las cárceles, “pero sin embargo cuando el gran delincuente de cuello y corbata delinque, siempre se le pone comparecencia, atentando contra el principio de igualdad ante la ley”.
Robles y Coz denunció que “los primeros que violan la Constitución Política son los operadores judiciales que cuando se hace una denuncia resuelven con una comparecencia sospechosa, pero cuando el agricultor toma una carretera lo mandan a la cárcel. Estamos reclamando equidad. No puede ser justo que a la gente que se levanta los dineros del Estado el Poder Judicial les abra el portón de la impunidad”.
Denuncias contra funcionarios
También se refirió al estado de las denuncias presentadas el 13 de febrero pasado por la Procuraduría Anticorrupción ante la Fiscalía Provincial de Leoncio Prado contra el alcalde Juan Picón Quedo por presunto delito de abuso de autoridad y contra el alcalde del distrito de José Crespo y Castillo por los presuntos delitos de peculado, malversación de fondos y otros en agravio del Estado.
Precisó que la procuraduría ya presentó las denuncias respectivas pero que los procesos no avanzan “por la lentitud del Ministerio Público que va de la mano con la lentitud del Poder Judicial”.
Respecto a la denuncia penal contra el director ejecutivo del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH), César Armas Sánchez, por usar indebidamente bienes del Estado, como módulos para computadoras, televisores, cómodas, cocinas, balones de gas y otros, indicó que la Procuraduría está reuniendo todos los indicios posibles.
Lo mismo ocurre en el caso del alcalde suspendido de Mariano Dámaso Beraún, Freddy Fernández Echevarría, caso que, indicó, se agrava porque existe la posibilidad de que la población proteste contra varios casos de corrupción que no han sido sancionados. Robles y Coz estimó que se de acuerdo a los indicios, se procederá a la denuncia penal.
Por otro lado, dijo que ayer por la noche se conoció de otro escandaloso caso de corrupción luego de que se adjudicara la adquisición de hojuelas de avena, insumos del programa del Vaso de Leche en Mariano Dámaso Beraún, a S/. 5.80 nuevos soles cuando su precio en el mercado es de S/. 2.50, caso que está ya en investigación.
Escandaloso robo de medicinas
Sobre el escandaloso robo sistemático de medicinas de la farmacia del Hospital de Tingo María, Robles y Coz cuestionó que pese al gran perjuicio para el estado, la responsable de la farmacia del Hospital siga laborando sin que siquiera se la haya sancionado.
Agregó que estos robos solo afectan a los pobladores más humildes que no pueden comprar medicinas que paradójicamente se venden en otras farmacias en las afueras del hospital pero con el logo del Ministerio de Salud, MINSA