La procuradora contra el lavado de activos y pérdida de dominio, Julia Príncipe Trujillo, se presentó este lunes 21 ante el grupo de trabajo a cargo de las investigaciones del llamado “Caso Orellana”, y precisó que hay elementos que permiten determinar que los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana lideran una organización criminal, sobre la cual explicó su estructura, integrantes, testaferro y modus operandi, entre otras características.
La procuradora puso especial énfasis en señalar al coronel en retiro, Benedicto Jiménez, como el que lidera las campañas de amedrentamiento e intimidación efectuada por medios de comunicación establecidos por esta organización como la revista Juez Justo, en contra de funcionarios que obstaculizan la labor criminal que realiza este grupo. Entre las víctimas de estas campañas recordó el nombre del legislador Víctor García Belaunde (AP-FA).
Ante la comisión especial que preside el legislador Vicente Zeballos Salinas (SN), la funcionaria dijo que esta labor de amedrentamiento es apoyada por el congresista solidario Heriberto Benítez Rivas (NoA). Sobre este último, Príncipe Trujillo afirmó que miente cuando refiere que la denunció por omisión de funciones.
Al respecto, sostuvo que la denuncia del parlamentario se produjo luego de que ella pidiera que Orellana Rengifo sea incluido en las investigaciones que se realizaba a los vínculos de esta red. Indicó que los hermanos Orellana Rengifo, usando sus profesiones y conocimiento, tejieron un aparato criminal abocado, entre otros delitos, al lavado de activos relacionado al tráfico ilícito de drogas y contra la fe pública, y que con ese fin habrían constituido empresas inmobiliarias, de inversiones, editoras y de inversiones.
ESTRUCTURA
La procuradora, quien ha sido denunciada por esta mafia y fue punto de ataques, señaló que esta red cuenta con una estructura de carácter técnico compuesta por abogados, notarios y registradores; otra de carácter empresarial que la conforman sus testaferros y estudios. Agregó que este aparato también está estructurado por un grupo encargado de amedrentar y difamar que incluso realiza acciones de reglaje e interceptación telefónica. A ello, dijo, se suma una red de captación a través de fundaciones.
Entre los integrantes de esta organización, además, mencionó a Raúl y Manuel Orellana, Esther Morales (actual pareja) Elena Ramos (exesposa), a los testaferros Hermógenes Cabrejos, Carlos López, Humberto Velásquez, Jorge Flores, Jerson Zapata y William Zenobio, entre otros.
Indicó que en total son 31 los testaferros detectados y entre las empresas constituidas con estos fines nombró a Orellana Grupo Inmobiliario, Orellana Abogados Consultores SAC, Norte Perú Inversiones Mineras SAC, Miraflores Corporación Radial y UCON.
PRESUNTOS ACTOS DELICTIVOS
Príncipe Trujillo también mencionó que la red mafiosa habría cometido apropiación de inmuebles, defraudación al Estado, lavado de activos, tala y minería ilegal e interceptación telefónica.
Remarcó que esta organización está relacionada con trabajadores del Poder Judicial, gobiernos regionales y municipalidades provinciales. Entre estos mencionó a Daniel Ramsey, exasesor del fiscal de la Nación.
La procuradora añadió que su despacho ha realizado acciones de coordinación con funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera para recabar información del caso, con los representantes de la OSCE (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado) para obtener datos sobre las cartas fianzas emitidas por la red.
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
Antes de la presentación de la procuradora, el presidente del grupo de trabajo, Vicente Zeballos informó que recibió información de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso. Agregó que se ha extendido una carta al presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, para que explique las razones de la decisión de la jueza Mercedes Caballero, que excarceló a Jiménez Baca.
Al respecto, adelantó que el titular del Poder Judicial será invitado a la comisión sobre el particular. Ello, en respuesta a las expresiones de preocupación manifestadas por los legisladores por la decisión de la referida magistrada. (VED).