A seis años del trágico desenlace en Bagua, las autoridades indígenas se han enfocado en la resolución de los procesos judiciales. En tanto, los pobladores exigen que se castigue a los verdaderos culpables y se les garantice la seguridad jurídica de sus tierras y la ejecución de una consulta previa eficaz.
En exclusiva para INFOREGIÓN, Daniel Sánchez Velásquez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, explica que los sucesos en Bagua demostraron las dificultades que hay para escuchar y atender las razones del otro. “En el país, el indígena ha sido tratado como un espectador de las decisiones que se toman sobre su bienestar o desarrollo”, comentó.
En consecuencia, el Baguazo dejó en evidencia que el diálogo es la condición esencial para lograr la convivencia democrática y evitar daños tangibles en la vida de las personas.
Aunque el Gobierno ha promulgado la Ley de Consulta Previa para fomentar el entendimiento pacífico, aún se requiere una implementación efectiva que garanticen los derechos de los pueblos.
PROCESOS JUDICIALES
En mayo del 2014 comenzó el juicio oral sobre el caso Curva del Diablo. Uno de los denunciados es el líder amazónico Santiago Manuin, acusado de instigar delitos de homicidio calificado. Frente a la demora del proceso, la Defensoría del Pueblo recomendó realizar sesiones continuas y contar con la presencia de intérpretes de lenguas awujún y wampis.
Otro de los procesos es la Estación 6 de PetroPerú, en el que se acusó a 24 pobladores indígenas por la muerte de 11 policiales. El Ministerio Público aún tiene pendiente la emisión del dictamen final. En tanto, el caso del mayor Bazán aún se encuentra en investigación judicial. En ambos hechos no hay ninguna persona con prisión preventiva.
El proceso contra los generales de la Policía Nacional del Perú también se encuentra en investigación fiscal. Según Sánchez Velásquez, a pesar de que en estos cuatro casos se han implicado a diversos políticos, como la exministra del Interior Mercedes Cabanillas, a la fecha no se ha responsabilizado penalmente a ninguno.