Diario El Comercio La historia del clan Sánchez Paredes y de sus presuntos vínculos con el narcotráfico empezó en las alturas de Mollebamba (La Libertad) en la década de los setenta. Con el transcurso de los años acumularon poder político en su lugar de origen y luego económico en la ciudad de Trujillo, donde se trasladaron para fundar un imperio que se diversificó en los negocios de bienes raíces y mineras, y que hasta ahora perdura aunque entre peleas familiares.
Pero la historia de los Sánchez Paredes solo fue afortunada en los negocios, ya que dos de los hermanos de este clan fueron asesinados en circunstancias que nunca se aclararon del todo. Simón Sánchez Paredes fue asesinado en 1987 en el Rancho Luna, en México. Cuando la policía local llegó a ese lugar encontró un laboratorio de procesamiento de droga. En tanto, Perciles Sánchez Paredes, procesado en la década de los 80 por narcotráfico, fue absuelto por el Poder Judicial, pero fue asesinado en 1991.
El caso de ambos hermanos siempre dejó un mal sabor en las autoridades antidrogas de la época ya que nunca se logró procesar judicialmente al resto de la familia, la misma que supuestamente se habría favorecido con los negocios de los fallecidos. En aquellos años el delito de lavado de dinero no era aplicado por las autoridades antidrogas.
Tuvieron que transcurrir varios años para que en el 2008 la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro) investigara por blanqueo de capitales a los hermanos Santos Orlando, Segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, así como a los hijos de estos y a un grupo de familiares y socios cercanos. La indagación policial concluyó en abril del año pasado cuando el Ministerio Público denunció a siete integrantes de este grupo por lavado de dinero procedente del tráfico ilícito de drogas.
El caso fue avalado por el juez Omar Pimentel Calle, quien ordenó el procesamiento de los tres hermanos antes citados, así como de Fidel Ernesto y Miguel Sánchez Alayo (ambos hijos de Segundo Manuel Sánchez Paredes) y de Blanca Sánchez Príncipe (hija de Perciles Sánchez Paredes) y Jesús Belisario Esteves Ostolaza. El magistrado de la Sala Penal Nacional, sin embargo, no dictó medidas de detención contra los involucrados a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores con los casos de Fernando Zevallos Gonzales, de la empresa Aerocontinente, y Luis Valdez Villacorta, alcalde de Coronel Portillo.
El caso actualmente se encuentra en la fase de instrucción, la misma que ha despertado diversas críticas de la procuradora antidrogas Sonia Medina, quien también dirigió su puntería contra los hábeas corpus planteados por algunos integrantes de la familia Sánchez Miranda (hijos de Santos Orlando Sánchez Paredes) en el Tribunal Constitucional. Estos recursos, como se recuerda, fueron desestimados hace algunas semanas por el TC, con lo cual el Ministerio Público los podrá investigar por lavado.
Disputa es por el oro
Un feroz enfrentamiento a balazos entre bandos que defienden los intereses de Manuel Sánchez Paredes y los que esgrimen cinco de sus seis hijos, Carlos Alberto, Manuel Andrés, Fidel Ernesto, Simón Agapito y Lola Rosmery Sánchez Alayo –y que confirma la quebrantada relación familiar por la administración y manejo del complejo minero San Simón en Cachicadán, Trujillo–, ocasionó, en la tarde de ayer, la muerte de dos personas y dejó dos heridos de gravedad.
Era poco más de la una de la tarde de ayer cuando un incesante intercambio de disparos entre ambos bandos de protección armada interrumpió la tranquilidad de los alrededores de la plazuela Sebastián Barranca y los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Ica.
Frente a esta sede judicial almorzaban, en un discreto restaurante de la cuadra 1 de la calle Piura, dos de los abogados de Gonzalo Alzamora Ruiz, designado desde el 13 de mayo del 2010 por la titular del Tercer Juzgado Civil de Ica, Fabiola Ortega Saldaña, administrador judicial de la mina que mantiene enfrentados a los hermanos Sánchez Alayo con su padre.
Sigilosa y sorpresivamente, aparecieron dos camionetas con lunas polarizadas (una blanca y otra negra), de las que descendieron, según refirieron algunos testigos, hasta siete sujetos con revólveres y dos armas largas con las que dispararon a quemarropa a los letrados y a otras tres personas que, aparentemente, los protegían.
Alzamora Ruiz y los dos abogados, cuyas identidades no pudieron conocerse, habían recibido constantes amenazas en los días previos, provenientes, según la investigación inicial de la policía, de personas allegadas a los hermanos Sánchez Alayo, lo que los obligó a buscar protección con otro bando armado.
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