El director de la Oficina de Cooperación Internacional de Ayacucho, Gotardo Miranda Gutiérrez, dijo a INFOREGIÓN que el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), Huamanga y la zona sur de Ayacucho, recibirán atención prioritaria para los casos de trata de persona en sus diferentes modalidades.
“Una de las zonas considerada como de principal intervención para el tema de trata de personas es el VRAEM, en particular para los casos de explotación sexual infantil. De igual forma Huamanga y la zona sur, porque es ahí donde se proliferan los casos de explotación laboral infantil”, comentó el funcionario.
En conversación con Diálogo Ciudadano, noticiero de INFOREGIÓN en el VRAEM, Gotardo Miranda, comentó que se propondrá más adelante la creación e implementación de un Comité del VRAEM para la trata de personas, “la falta de una política clara sobre el tema (trata de personas) hace que zonas alejadas como el VRAE sea considerado de mayor incidencia para los casos de explotación sexual de menores”, expresó.
Miranda indicó que la intervención será integral y articulada con los gobiernos locales, los operadores de justicia (Ministerio Público, Fiscalía, Policía Nacional), y la sociedad civil organizada, gracias al Plan Regional de Acción Contra la Trata de Personas Ayacucho 2012 – 2016.
“Haremos proyectos referidos a la protección, prevención y sensibilización; instalaremos los comités de Huamanga, VRAEM y la zona sur de Ayacucho; y se capacitación a los profesionales de la justicia y el orden, así como a los docentes desde las aulas”, adelantó.
Miranda, quien también es secretario técnico del Grupo Impulsor del Plan Regional de Acción Contra la Trata de Personas, concluyó que uno de los principales problemas que representa este delito es la explotación sexual, mientras que la explotación laboral le sigue en importancia.
“El más difícil es la explotación sexual; sin embrago, la otra carga fuerte (en Huamanga y la zona sur de Ayacucho) es la explotación laboral. Hay jóvenes que trabajan de 8, 10 a 12 horas de jornal diarios con un pago que no compete al trabajo de un joven o menor de edad”, lamentó Miranda.
El funcionario indicó que la prevención de este delito estará a cargo de un organismo no gubernamental (ONG) que trabajará con apoyo de la Defensoría del Pueblo y de la sociedad civil, especialmente en el sector Educación.