Se facilitan los trámites. Los ciudadanos denunciantes obtendrán gratuitamente y de forma inmediata la primera copia legalizada de sus denuncias. Esto forma parte del “paquete simplificador administrativo” aprobado por el Consejo de Ministros y en el marco del proceso de modernización del Estado.
Así, esta aprobación, sustentada en el Decreto Legislativo que será publicado mañana en el diario El Peruano, tiene como objetivo eliminar los trámites innecesarios que hasta el momento deben realizar los ciudadanos ante el sector público y que encarecen y aletargan esos procedimientos.
Debido a esto, el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, resaltó este avance e indicó que forma parte de las acciones concretas dentro de las facultades dadas por el Ejecutivo en beneficio del ciudadano.
Los beneficiarios de este avance que tiene como sustento la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, son las victimas de robo, pérdida, violencia familiar, entre otros casos. Las entidades del Estado tienen 60 días para que se adapten a esta nueva forma de operar en beneficio del ciudadano.
Recordemos que antes, cuando un ciudadano era víctima de un delito, tenía que ir al Banco de la Nación, pagar 7.60 nuevos soles y de ahí, con su voucher debía dirigirse a la comisaría para sentar su denuncia y recibir una copia.
Sin embargo, ahora, con el paquete simplificador, el Estado está obligado a darle al ciudadano la primera copia certificada de su denuncia policial de manera gratuita e inmediata
Otro trámite simplificado para el sector es el referente al certificado de antecedentes policiales que antes sólo podía ser tramitado personalmente por el interesado.
De ahora en adelante, con el “paquete simplificador” el certificado de antecedentes policiales también podrá ser solicitado, además del interesado, por su cónyuge y sus parientes hasta el primer grado de consanguinidad, previa autorización expresa del titular y mediante una carta simple.
Finalmente, se informó que también forman parte del paquete simplificador aprobado por el Ejecutivo, la conexión de las entidades públicas para compartir sus bases de datos actualizados y ya no estar pidiendo dos y más veces los datos a los ciudadanos; la prohibición de exigir a los usuarios documentos redundantes o inútiles; la eliminación del certificado de supervivencia que se exigía a los adultos mayores; también del certificado de discapacidad; validez del DNI caduco para realizar actos administrativos; y trámites de formalización a bajo costo.