Ricardo Valdés Cavassa, presidente de Capital Humano y Social Alternativo (CHS), denunció que el Estado ha dispuesto tan solo el 0.000015% (S/. 1’600,000.00 ) del presupuesto nacional para la prevención y persecución de la trata de personas en el país, así como para la asistencia y protección de las víctimas de este delito lo que representa un ínfimo porcentaje en contraste con otros gastos onerosos que realiza el gobierno, tales como la publicidad o la mejora de equipos para el canal estatal (30 millones de soles).
El expositor peruano denunció el hecho en el Tercer Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas que concluye hoy en Bogotá (Colombia), ante un auditorio conformado por personalidades como la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Trata y Tráfico de Personas, Joy Ngozi Ezeilo; y el juez Baltazar Garzón del Tribunal Penal Internacional de la Haya; quienes se encuentran reunidos para ver los aspectos de la globalización de este delito y el acceso a la justicia de las víctimas.
“Según una investigación del subgrupo de seguimiento del Plan de Acción contra la Trata de Personas, realizada por el Congreso de la República, el Ejecutivo apenas ha reportado un millón seiscientos mil soles destinados a la implementación de dicho plan, pese a que el presupuesto de la República alcanza los 108 mil 409 millones de soles”, refirió Valdés durante su exposición.
De acuerdo con la información remitida por CHS a INFOREGIÓN, la situación reportada pone al Perú como uno de los países que, pese a su reputado crecimiento económico, olvida a miles de niños, niñas y adolescentes que se encuentran forzadas a laborar o son violadas sistemáticamente en campamentos mineros informales, prostibares, entre otros lugares ampliamente denunciados por los medios de comunicación.
De no producirse un cambio en la aproximación del Estado frente al delito, el Perú podría llegar a ser denunciado como cómplice o facilitador de la trata de personas a nivel internacional, comentó.