Los presidentes de las comunidades campesinas de Vinchos, Sallali, San José de Moyobamba, Occollo, Pachha, Churia y Urpaypampa, ubicadas en el distrito de Vinchos, Ayacucho, rechazaron la posición y acciones que viene mostrando el Frente de Desarrollo Comunal y Afectados por el Transporte de Gas de Camisea (Fredcom), a través de una carta abierta.
En el documento, los presidentes y las autoridades legítimas de estas comunidades señalaron que, desde hace algunos meses, el Fredcom se ha atribuido la representatividad de sus comuneros y/o posesionarios, con la finalidad de exigir a la empresa que se renegocien los contratos de servidumbre y mayores pagos por supuestos daños que no tienen sustento técnico ni legal.
En ese sentido, las comunidades señalan que, por el contrario, actualmente vienen trabajando «de manera estrecha y coordinada con la empresa Perú LNG, logrando su apoyo y compromiso para la ejecución de diversos proyectos que están beneficiando a sus habitantes».
En la carta –a la que tuvo acceso INFOREGIÓN- las comunidades acusan también a los dirigentes de este llamado Frente de Defensa de pretender aprovecharse de algunos comuneros con falsos argumentos para movilizarlos en contra de la empresa y obtener beneficios económicos.
“Los dirigentes Andrés Curi Oré, Julio Canales y Rodulfo Choquecahua no tienen mayor representatividad entre las comunidades. Curi, por ejemplo, no tendría terrenos en Vinchos y tampoco sería comunero, ya que vive en la ciudad de Huamanga. Rodulfo Choquecahua, de otro lado, tampoco sería comunero, ya que solo es docente de una escuela en Ccassancay. Mientras que Julio Canales, quien ahora desconoce los contratos firmados con PERU LNG, participó en más veinte reuniones entre la empresa y comunidad”, señala la misiva.
“A ello se suma la participación del abogado Rubén Quispe Ventura, quien también está movilizando a los comuneros en contra de la empresa para favorecer sus proyectos políticos y personales. Quispe Ventura tiene como antecedente el haber negociado, a nombre de la comunidad de Raccaya, un acuerdo que lo favoreció directamente”, indicaron los denunciantes.
Frente a esta situación, los presidentes de estas comunidades decidieron suscribir la carta abierta, con el objetivo de denunciar públicamente a estos dirigentes y responsabilizarlos de cualquier acto de violencia y daños a la propiedad que se pudieran suscitar en los próximos días.
Finalmente, los presidentes de las comunidades se ratificaron como representantes legítimos en base a lo establecido en la Ley General de Comunidades y que sus acciones están orientadas a defender los intereses y derechos de toda su población y no de un grupo minúsculo con intereses personales y políticos (INFOREGIÓN).