El presidente Alan García anunció hoy que dará a conocer al país la lista de mil 800 acusados por terrorismo que han sido liberados en los últimos años, para que la población conozca su identidad y sepa cuál es su actividad actual. “No podemos caer en la candidez de decir que se han transformado absolutamente y creer que porque juraron sobre la Biblia ser demócratas, son realmente demócratas”, expresó.
El jefe de Estado destacó la necesidad de implantar restricciones a estos liberados por el Poder Judicial, de tal forma que se pueda controlar y prevenir las actividades sediciosas que pudieran desarrollar tras la recuperación de su libertad.
“Hay que someter a toda esta gente a restricciones porque no puede ser que salgan de las cárceles los acusados por terrorismo para estar agitando nuevamente las calles, para estar radicalizando protestas, para volver a crear generar núcleos semiterroristas o terroristas, tanto en la sierra como en algunas universidades”, subrayó.
Aseguró que muchos de ellos salieron de las cárceles para “seguir empujando sus planes siniestros”, y a fin de evitar que continúen con esas actividades ilícitas, confió en que los ministros de Defensa, Allan Wagner, y del Interior, Luis Alva Castro, anunciarán en el Parlamento la incorporación de restricciones a estas personas.
El Mandatario recordó que siempre se mostró a favor de la pena máxima para los sentenciados por terrorismo, pese a que diversos juristas y parlamentarios se oponen a la aprobación de la pena de muerte.
Piden no estigmatizar
Tras conocer las declaraciones del jefe de Estado, el director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo, se mostró en contra de la iniciativa presidencial y aseguró que ello sería una generalización y contribuiría a estigmatizar más a un grupo social que intenta dejar atrás su pasado de violencia para iniciar una nueva vida en libertad.
“Estas personas tienen derecho a comenzar una nueva vida y no vivir con el estigma de que fueron condenadas por terrorismo, ellos ya pagaron su deuda con la justicia, así que no se puede generalizar”, señaló, al tiempo que puntualizó que si existen sospechas de que algunos liberados están cometiendo nuevos delitos, no hay ninguna razón para no hacerles un seguimiento, pero – dijo- debe ser de carácter “secreto”.