El observatorio Vigilante Amazónico presentó esta mañana el segundo informe sobre monitoreo de conflictos sociales que involucran a los pueblos Kichwas (Napo), Kechwas (San Martín), Awajún-Wampis (Amazonas) y Ashaninkas (Satipo). Esto como parte del proyecto “Mitigación de conflictos y desarrollo de la Amazonía”.
El informe señala que todos los conflictos reportados están relacionados con la ausencia de mecanismos de consulta previa para el otorgamiento de concesiones extractivas o a la creación de áreas de conservación regional. También se pone en evidencia la falta de titulación, ordenamiento y saneamiento de los territorios indígenas.
En la presentación de este documento, estuvieron presentes Miguel Lévano, coordinador del proyecto “Mitigación de conflictos y desarrollo de la Amazonía”; Fermin Tiwi, abogado y representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, y Miguel Valderrama, coordinación del proyecto por CooperAcción.
A continuación los casos presentados.
CONTAMINACIÓN DEL RÍO NAPO
Dos indicios se tienen para asegurar que el río Napo viene siendo contaminado, aunque no se ha identificado al causante o causantes: el 17 de octubre de 2012, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (FECONAMNCUA), Richard Rubio, expuso frente al Comité de Agua de Iquitos sobre la problemática de los kichwas del distrito de Napo, en la región Loreto.
Rubio informó sobre la aparición de peces muertos en las riberas del Napo, lo que sería un indicador de que sus aguas estarían contaminadas.
De otro lado, los resultados del estudio “Metales pesados en la cuenca del Napo: un informe preliminar de sus efectos en el ser humano”, elaborado por el padre Jack McCarthy, director del Centro de Salud de la localidad, revelaron la presencia de mercurio en 125 personas de las comunidades de San Fernando, San Jorge, Rango Isla y San Rafael.
CONTROVERSIA POR AUTORIZACIÓN A EMPRESA AGROINDUSTRIAL
En la región de Loreto se podría originar un conflicto entre la empresa agroindustrial Young Living Essential Oils Perú S.A.C. (dedicada al cultivo de palma aceitera) y la comunidad Kichwa Libertador, que agrupa a las comunidades Nuevo Libertador, Vista Hermosa y Santa Elena. Esto debido a que la empresa se ha asentado en los territorios de las comunidades alegando que no poseen titulación de sus tierras.
En septiembre de 2012, pobladores de Nuevo Libertador pidieron explicaciones al Gobierno Regional de Loreto por la presencia de la empresa en las inmediaciones del río Tambor Yacu. Ante esto, la respuesta que recibieron fue que el predio en cuestión fue otorgado a Young Oil porque el área era de “libre disponibilidad del Estado” y no se superponía a territorio indígena.
En noviembre de ese mismo año, se dio a conocer la situación de indocumentación de gran parte de la población, las que no cuentan con títulos de propiedad, haciéndolas vulnerables a este tipo de situaciones.
DERRAME PETROLERO
El informe de Vigilante Amazónico señala que a inicios de septiembre del año pasado, en la provincia de Bagua, se produjo una fisura en el Oleoducto Nor-Peruano afectando con derrame petrolero las quebradas Suwants y Chiagkus.
Se registraron casos de fiebre, dolores estomacales en algunos pobladores luego del incidente. Petroperú respondió rechazando la versión de un dirigente indígena asegurando que la empresa estatal había cumplido con los protocolos establecidos para estos casos.
Actualmente, se está a la espera que la Fiscalía, luego de la inspección ocular y toma de muestras del 29 de noviembre de 2012, entregue los resultados de la investigación.
AFRODITA CONTRA LÍDERES AWAJÚN
En Amazonas persisten los problemas entre el pueblo Awajun-Wampis con la compañía minera Afrodita, que se remonta a más de cuatro años, cuando el Estado decidió recortar el parque Ichigkat Mujia para darlo en concesión a la mencionada empresa.
Este caso se ha agravado con la firma de un convenio de colaboración mutua entre esta empresa y el Ejército. Afrodita continúa con el pedido de inicio de explotación minera en plena cordillera del Cóndor, sin esperar que el Estado aplique la ley y reglamento de consulta previa que ya está en vigencia.
PUEBLO KAKINTE EN PROBLEMAS CON REPOSOL
La empresa Repsol hizo públicos sus hallazgos de nuevos yacimientos gasíferos en el Lote 57, que se superponen a seis comunidades kakinte, ubicada en la selva central de Junín, pero hasta ahora no ha logrado ponerse de acuerdo con la organización que representa a este pueblo, la Organización del Desarrollo del Pueblo Kakinte (ODPK).
La empresa decidió negocia directamente con la comunidad más afectada, desconociendo a la organización. Esto fue puesto en conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que acordó que Repsol y el Ministerior de Energía y Minas iniciaran talleres informativos y mesas de diálogo, así como compromisos de desarrollo, lo que no habría cumplido la empresa.
MALESTAR POR EL ESTABLECIMIENTO DEL ACR-CE
El pueblo Kechwa de la región San Martín se mantiene en su esfuerzo por conseguir la titulación de sus territorios comunales y el respeto por su libre determinación en el caso del Área de Conservación Regional – Cordillera Escalera (ACR-CE).
Luego de que se intentara dar en concesión el Lote 103, ubicado sobre la actual ACR-CE, el proceso por salvaguardar esta zona supuso la participación del Tribunal Constitucional, el que, en octubre de 2009, dispuso suspender el permiso de exploración y explotación, hasta que no se actualice el Plan Maestro del área.
Frente a esta situación, el 8 de octubre de 2012, los presidentes de las cuatro federaciones kechwas de la región y los apus de la mayoría de las comunidades, se reunieron para suscribir la Declaración de Tarapoto, donde se acordó demandar al Estado por la pronta titulación de los territorios de las comunidades, el respeto por su autonomía, pero también la exigencia de investigar la presencia de grupos delincuenciales.
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