La Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) es una actividad de refugio económico en la Amazonía peruana, dónde ha crecido de forma exponencial en las últimas décadas de la mano del incremento del precio del oro. Se ha identificado la existencia de una creciente red de corrupción en el sector de la MAPE. A este problema se suma que los gobiernos regionales no cuentan con las capacidades, tecnología y logística para regular este tipo de actividad e, incluso, desconocen la cantidad real de mineros dedicados a la MAPE.
Por ello, el proyecto Prevenir de Usaid desarrolló el estudio “Corrupción en la minería artesanal y de pequeña escala en la Amazonía peruana”, el cual identifica 11 riesgos de corrupción en este sector y brinda recomendaciones en los ámbitos legal, administrativo y judicial, para contribuir con la mejora y optimización de las políticas y normativas frente a los desafíos y vacíos existentes.
El informe fue presentado en el “Taller de trabajo: minería de pequeña escala, herramientas para enfrentar la ilegalidad y corrupción”, organizado por la Comisión de Fiscalización del Congreso este viernes.
“Entre los riesgos de corrupción más urgentes están la ineficiente regulación de la MAPE en la Amazonía, la conexión de la minería ilegal y el crimen organizado, la deficiente articulación para atender denuncias y proteger a las personas defensoras ambientales, así como las limitaciones del diseño de Reinfo frente a la minería ilegal, así como sus constantes prórrogas. Necesitamos que se apruebe la propuesta del Registro de Comercializadores de Oro (RECPO), políticas que promuevan el comercio de oro extraído sin mercurio, como herramientas que superen la ilegalidad», indicó César Ipenza, líder de Fortalecimiento Institucional del Proyecto Prevenir de Usaid.
Necesitamos que la MAPE contribuya a generar beneficios a nuestra sociedad y para esto desde nuestro despacho estamos comprometidos a desarrollar herramientas para superar esos vacíos, y enfrentar la corrupción en esta actividad, donde mostró su compromiso en trabajar para resolver esta situación que se vincula a la minería ilegal y corrupción, señaló al respecto el congresista Héctor Ventura Ángel, quien es además presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.
En este evento también participaron especialistas como el exprocurador Anticorrupción, Cristian Salas, quien planteó la necesidad de un abordaje preventivo por parte de las autoridades competentes; y el excongresista Néstor Valqui, quien comentó su experiencia desde la propuesta de ley que planteó para regular el uso de mercurio en el Perú.
Javier Pacheco Palacios, procurador anticorrupción, mostró el incremento de corrupción en el caso de Madre de Dios y señaló casos vinculados a funcionarios de la Dirección Regional de Energía, Minas e hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de Dios, quienes solicitaron entre 10 000 y 20 000 soles a un grupo de personas titulares de concesiones mineras, a cambio de excluirlos del proceso de formalización.
La Defensoría del Pueblo precisó su rol en la defensa de derechos y sobre ello precisó la posición sobre el proceso de formalización y la necesidad de atención o presencia de las autoridades en las zonas de minería ilegal, y considerar que en el último tiempo se ha flexibilizado el marco jurídico y reducido los niveles de protección ambiental y por ello precisó la necesidad de aprobar la propuesta pre-publicada del RECPO.
Desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se mencionó el Reinfo y los números y procesos que tienen actualmente. El Ministerio del Ambiente (Minam) mencionó sus avances respecto al cumplimiento del Convenio de Minamata y que están actualizando el inventario de emisiones de mercurio. Además se contó con presencia de representantes de la Sunat, la Procuraduría Especializa en Delitos Ambientales y las Fiscalías Especializadas en Corrupción y en Delitos Ambientales, se informó a INFOREGIÓN.