Durante los últimos años, los derechos de propiedad de las comunidades campesinas y nativas no han sido una prioridad para el Estado. Según el Organismo de la Propiedad Informal (Cofopri), entre 2006 y 2008 solo se otorgó ocho nuevos títulos a comunidades nativas, y ninguno entre 2009 y 2010. El caso es muy parecido para las comunidades campesinas: de 62 títulos nuevos entregados en el 2006, las titulaciones se redujeron a cuatro en 2010. La tendencia se mantiene en la actualidad, siendo ahora los Gobiernos Regionales los responsables de la titulación de dichas comunidades, señala el Instituto del Bien Común, que en la víspera lanzó la campaña «Territorios seguros para las comunidades del Perú».
Para Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES, esta situación se enmarca en un proceso de debilitamiento del régimen de la propiedad comunal vivido en el Perú desde hace dos décadas. “¿El marco jurídico e institucional de los poderes públicos ha sufrido muchos cambios, expresando un profundo desinterés sobre el destino de las comunidades al punto de poner en peligro su propia existencia?” se pregunta el abogado experto en desarrollo agrario.
Teniendo ello en cuenta, un colectivo de quince organizaciones que representan o apoyan a las comunidades del Perú lanzaron una campaña para destacar la importancia de la seguridad de los territorios de las comunidades para su propia subsistencia y hacer visible la estrecha relación de las comunidades rurales con el conjunto de la población nacional.
La Campaña Territorios Seguros para las Comunidades del Perú busca contribuir al reconocimiento y valoración del aporte de las comunidades a la diversidad social, cultural y ambiental, así como al desarrollo económico del país.
Por otro lado, la campaña apunta también a promover el desarrollo de un marco jurídico de la propiedad comunal que se ajuste a los estándares del derecho internacional, y de un conjunto de políticas públicas que lo hagan efectivo y que permitan a las comunidades rurales defender lo que es suyo desde tiempos inmemoriales.
Por ello, el colectivo pide al Estado la creación de un Ente Nacional Rector que concrete los procesos de titulación rural y la implementación de la base catastral; asimismo, pide la generación de capacidades en los gobiernos regionales que han asumido esta función, y la reactivación del proceso de titulación de tierras para las comunidades, el cual se encuentra prácticamente paralizado desde hace varios años.
La campaña recolectará firmas digitales que serán presentadas a las autoridades competentes como respaldo a su pedido de una acción efectiva sobre el tema.
Más de 10 mil comunidades rurales son la expresión concreta de 51 pueblos indígenas y originarios que existen en el Perú y albergan aproximadamente a un tercio de la población nacional, con cerca de un millón y medio de familias en las comunidades campesinas de la costa y los Andes, y otro millón de familias en la Amazonía, sumando a las comunidades nativas y las comunidades ribereñas.
Las firmas digitales se recolectan en la siguiente dirección: http://www.comunidadesdelperu.org/ o por correo electrónico, enviando su nombre completo y número de DNI o carnet de extranjería a:comunidadesdelperu@ibcperu.org