En Audiencia convocada por el Tribunal Constitucional, el gobierno regional de Puno y la procuraduría ad hoc del Estado, presentaron hoy sus respectivos alegatos respecto de la ordenanza puneña que legaliza la hoja de coca.
El procurador Ad hoc del Estado, Ricardo Raúl Castro Belapatiño sustentó el pedido de inconstitucionalidad de la Ordenanza y precisó que ni la ley de Bases de Descentralización ni la de gobiernos regionales les faculta a decidir en temas nacionales como la política gubernamental de la lucha contra las drogas..
“La ley de gobiernos regionales les atribuye la facultad de promover pero no de declarar como patrimonios nacionales a determinados productos o cultivos” dijo el abogado del estado.
Por el gobierno regional, los abogados Wenceslao Apazañaupa y José Coella Aguilar, no pudieron precisar los beneficios directos que traería la legalización de la hoja de coca en Puno y presentaron por todo argumento que de declararse inconstitucional la ordenanza, se afectarían los derechos de los campesinos cocaleros.
En ningún punto de su alocución sustentaron cómo así la legalización de la coca promovería el desarrollo de la región, ni qué pasaría si no se derivara la producción de coca de Puno al narcotráfico, dado que el Gobierno Regional de Puno no cuenta con los recursos para adquirir la producción.
De acuerdo a un estudio de DEVIDA el 99% de la producción de coca en Puno se deriva al narcotráfico y tan solo el l 1% del cultivo es para el consumo de los pobladores.
Similares ordenanzas del gobierno regional de Huanuco y de Cusco, fueron anteriormente declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.
Concluida la etapa de los alegatos, se informó que la decisión final del Tribunal Constitucional se dará en un plano no mayor a 30 días.