La situación del Perú como país productor de cocaína no es consecuencia solo de los cultivos de hoja de coca, sino también de la existencia de políticos y autoridades involucrados en este negocio, sostiene el experto en temas de narcotráfico Rubén Vargas.
En el diario El Comercio, Vargas recordó al respecto que uno de los períodos en que el negocio de las drogas penetró a todas las esferas del poder fue en el gobierno fujimorista.
“Con el pretexto de luchar contra el terrorismo se dio carta blanca a los cárteles colombianos para que traficaran sin mayores contratiempos. Así se instalaron los aeropuertos de embarque de droga al costado de los cuarteles, y los buques de la armada y el avión presidencial terminaron trasteando cocaína”, precisa el experto.
Indica que tras este período, hoy se observa un fenómeno relativamente nuevo: “Desde el 2006 los productores de coca ilegal tienen poder político en el Congreso y en los gobiernos regionales y locales. No solo eso. Se alistan para las próximas elecciones con una estrategia política bien financiada. El objetivo es copar los cargos públicos para que desde allí se opongan a la acción del Gobierno contra las drogas”, considera.
Por ello, advierte que esto podría ser muy peligroso porque aumentarían las zonas liberadas como el Monzón, donde sus autoridades, encabezadas por el actual alcalde, rechazan inclusive la presencia policial.
“No hay que olvidar que las organizaciones cocaleras son uno de los sectores sociales más corroídos por el narcotráfico y el terrorismo. Recientemente la policía capturó a dirigentes cocaleros fabricando cocaína y vinculados a Sendero”, puntualiza.