Los especialistas en energía sostenible y recursos naturales expresaron su preocupación por una posible aprobación apresurada por parte del Congreso de la República del Acuerdo Energético Perú-Brasil, sometida por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Proyecto de Ley Nº 4750, publicada el 23 de marzo.
El informe del Ministerio del Ambiente (MINAM) recomienda al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) realizar un análisis a mediano y largo plazos de los potenciales impactos que puedan causar las distintas actividades energéticas a realizarse en territorio peruano.
Asimismo, Patricia Patrón, especialista del Programa de Energía Sostenible de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que la recomendación del MINAM debe ser tomada en cuenta por el Congreso de la República en cumplimiento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Agrega que se trata de un conjunto de megaproyectos hidroeléctricos que requieren contar con una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), un instrumento de gestión ambiental que es previo para este tipo de proyectos.
Reiteró que esta evaluación servirá para determinar con anticipación los impactos sociales y ambientales indirectos y acumulativos de estos proyectos, así como identificar alternativas de desarrollo energético viables ambiental y socialmente.
Urge planificación
César Gamboa, coordinador del Programa de Energía Sostenible de DAR, reiteró que sin Planificación Energética Nacional no es viable la aprobación del Acuerdo. Condiciones previas son el balance energético nacional y las proyecciones de demanda que puedan decirnos cuánta reserva de energía hay y cuánta energía se necesitará para los próximos 30 años.
“Con esta información, el Congreso podrá tomar una decisión responsable, basada en la planificación, la coordinación multisectorial y la transparencia de información. No podemos repetir malas experiencias producto de decisiones apresuradas, como sucedió con la exportación del gas de Camisea”, finalizó Gamboa.
Aunque el texto del Acuerdo no especifica la ubicación de los proyectos, señala que se debe generar el marco legal que promueva el desarrollo de centrales hidroeléctricas con una capacidad de generación de hasta 6,000 MW para la producción de electricidad destinada al mercado interno y a la exportación de excedentes al Brasil.
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