El Día Internacional contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas pasó casi desapercibido en las instituciones públicas e incluso muchos organismos no gubernamentales, a diferencia de otros años, cuando se convocó a marchas pacíficas y diversas actividades de difusión.
Sólo la Fiscalía de la Familia, representada por la doctora María del Carmen Ayasta Atarama, hizo algunas reflexiones sobre el tema, llamando la atención de la sociedad contra la explotación sexual infantil que muchas veces ocurre en el seno del hogar.
“Para denunciar este tipo de actos, las familias tienen cuatro vías: la Fiscalía Provincial de Familia, la Policía Nacional, las Defensorías Municipales de la Madres y Adolescentes, y las autoridades locales, es decir, los agentes municipales y tenientes gobernadores”, señaló la funcionaria.
Por su parte, la psicóloga Catherine Valentín, de la Red de Promotoras de los Derechos de la Mujer, se pronunció brevemente sobre el tema, señalando como responsables de estos atropellos contra los derechos humanos de menores de edad a los “reclutadores”, dueños de bares y de prostíbulos clandestinos. Para ellos, pidió la sanción de las autoridades.