Las áreas naturales protegidas, ANP, no vienen siendo usadas en su total potencial, pese a lo cual generan ingresos superiores al millón de dólares a nuestro país, reveló un informe presentado en el suplemento Día 1, de El Comercio.
El texto indica, por ejemplo, que de las 300,000 toneladas de espárragos que este año exportará el Perú, en 120,000 de ellos se irá una parte del nevado Huascarán, pues con las aguas que provienen de esta formación es que se regarán los campos de cultivo de la hortaliza.
Más aún, señala que no solo las tierras de Chavimochic – de donde provienen los referidos espárragos – son irrigadas con aguas provenientes del Parque Nacional del Huascarán. «Doce áreas protegidas proveen del agua que requieren 376.411 hectáreas de cultivos del país», detalla el informe periodístico.
Cita un minucioso estudio del economista Fernando León, director de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente, quien ha concluido que las áreas naturales protegidas —entre parques, santuarios y reservas nacionales, santuarios históricos, refugios de vida silvestre, reservas paisajistas, y otras reservas— aportan US$1.064 millones a la economía nacional.
De acuerdo a León, las áreas protegidas no solo otorgan agua para regadío, sino también para consumo humano y generación eléctrica. Del mismo modo, generan ingresos por turismo y evitan la sedimentación de los reservorios y represas del país.
Solo se conocen científicamente 250 de 2500 especies vegetales existentes
En otro momento, precisa que solo se conocen científicamente 250 de las 2500 especies vegetales existentes en estas zonas especiales. “¿Qué aporte a la medicina, a la alimentación o a la vida del hombre esconderán las 2.250 especies que no conocemos?”, se pregunta el especialista León.
De manera coincidente, el investigador de la Universidad Católica, Fernando Murrugarra, destacó que las áreas naturales tienen un potencial turístico enorme, que puede ser explotado sin dañarlas.
Recordó que en una investigación realizada con León concluyeron que si el Estado invirtiera en promocionar y dar servicios adecuados a solo cuatro de ellas —las reservas de Huascarán, Paracas, Tambopata y Titicaca—, se generarían utilidades casi US$10 millones considerando un horizonte de cinco años para la inversión.
Principales amenazas son la minería y agricultura informales
El economista Fermando León y la abogada Xenia Forno, especialista en recursos naturales del Estudio Rubio, Leguía, Normand & Asociados, señalaron que la principal amenaza contra las reservas naturales son la minería y la agricultura informales, así como la pesca, caza y -extracción ilegales de maderas preciosas y especies.
Asimismo, precisan que sí puede establecerse un equilibrio entre alguna actividad extractiva y la conservación de la naturaleza pero ello dependería del plan maestro que ha sido definido para cada área protegida.
Sin embargo, según el especialista en temas agrarios, Fernando Cillóniz, los bosques amazónicos de la selva baja son sumamente frágiles en términos ecológicos y descartó que puedan ser usados para el agro.
No obstante, aseguró que las áreas naturales ubicadas en la selva alta sí podían ser explotadas de manera racional, sin poner en peligro su existencia.
Por su parte, el adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, señaló que cada área es individual y tiene sus propias posibilidades, las cuales están señaladas en su plan maestro.
70 por ciento del dinero para protección de áreas naturales viene de cooperación internacional
Del mismo modo, el reporte da a conocer que, en la protección de las áreas naturales el Gobierno destina US$12 millones anuales, de los cuales el 70% proviene de la ayuda internacional.
Aunque en un primer momento se podría pensar que el Estado hace el mejor negocio al invertir US$3,6 millones de sus arcas y obtener más de US$1.000 millones en aportes, para León es el peor.
Según el especialista, con esos reducidos recursos las áreas protegidas no pueden ser debidamente cuidadas, ni mucho menos investigadas y puestas en valor.
Por ello, estimó que el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas requiere de US$35 millones adicionales al año y con ello podrían generarse más recursos. También lamentó que con la regionalización se haya perdido capacidad para administrar esas áreas. Además, las empresas e instituciones que se benefician con el aporte de esas áreas naturales no contribuyen con su mantenimiento. “Podría ser un centavo por kilowatt generado”, planteó.