Posible eliminación de aporte por regulación afectaría al OEFA

El próximo 14 de abril, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizará la audiencia del informe oral para adoptar una decisión final sobre la denuncia de cuatro empresas mineras en contra del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para no pagar el Aporte por Regulación (APR) que financia la fiscalización en este sector en el país.

“Actualmente, la fiscalización depende en un 80% del llamado Aporte por Regulación. La no aplicación del mismo significaría la inoperancia de la OEFA para poder seguir fortaleciéndose y continuar implementando las actividades de supervisión, monitoreo y fiscalización que se realiza como garantía al derecho a un ambiente sano y equilibrado de todos los peruanos”, señaló la organización Derecho, Ambiente y Recursos Narurales (DAR), a INFOREGIÓN.

“Por ello nos preocupa que según el OEFA, esté en juego la ejecución de diversas actividades previstas para el presente año en el sector minería: 730 supervisiones, implementación de cinco planes integrales de evaluación ambiental, ocho monitoreos participativos, entre otras acciones de fiscalización ambiental a los que el Estado se ha comprometido (caso Espinar y cuatro cuencas en la región Loreto)”, agregó la fuente.

“Esto ocasionaría un mayor debilitamiento de la fiscalización ambiental y podría generar conflictos socio-ambientales en los proyectos, pues es algo reclamado por los pueblos: mayor seguimiento al cumplimiento las obligaciones socio-ambientales de las mineras por parte del Estado”, refirió.

Según este organismo, “es un gran riesgo que Indecopi, desconociendo los fallos del Poder Judicial que validaron la constitucionalidad de este aporte por regulación y la Ley N° 30282, y negándose a internalizar los costos de una actividad riesgosa como la minera,  pueda paralizar la fiscalización ambiental sin considerar los grandes impactos socio-ambientales que esto puede generar, lo cual no debe ser permitido por el Estado”.