El Comercio. El execrable asesinato del fiscal Néstor Fernández Ramírez en Acobamba (Huancavelica), presumiblemente a manos de mafias de narcotraficantes, no puede quedar impune.
Se espera por ello una respuesta firme y articulada del Estado, que tiene que ir más allá del simple reforzamiento de la seguridad policial a los fiscales de todo el país, sobre todo a los que ven casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y bandas de secuestradores y asaltantes.
No puede ser casualidad que este cobarde crimen haya cobrado la vida de un fiscal que ha acusado y denunciado a importantes cabecillas de las mafias de narcotraficantes, en una zona de alto tránsito de insumos químicos y droga.
Como bien ha dicho la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, los fiscales están muy expuestos, sobre todo en estas zonas.
Con la muerte de Fernández Ramírez, que había sido amenazado en las últimas semanas, ya son cuatro los fiscales asesinados en los últimos cuatro años.
Hay que recordar que los jueces y fiscales son autoridades que representan y defienden al Estado, es decir a todos los ciudadanos en el delicado ámbito de la administración de justicia.
Y también que la propia fiscal Echaíz fue objeto de un atentado criminal el año pasado, del que afortunadamente salió ilesa por la buena reacción de sus guardaespaldas.
En el fondo el problema tiene que ver con la creciente inseguridad ciudadana, que está llegando a niveles intolerables, como lo demuestran los recientes sondeos de percepción ciudadana, por lo que se espera una exhaustiva revisión de la política por parte del Poder Ejecutivo.
Ante esto, la Policía Nacional tiene que revisar también sus planes de protección a las autoridades y fiscales, así como redoblar sus labores de inteligencia para capturar a los criminales, de modo que puedan ser sancionados severamente con las penas máximas. Sin embargo, esto no es suficiente.
En tanto se evalúan o modifican dichos planes, las más altas autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial tienen que tomar acciones dentro de sus propios ámbitos y jurisdicciones.
En todo caso, si no es posible llevar los procesos con la debida imparcialidad y seguridad en zonas alejadas y peligrosas, donde actúan con enervante liberalidad el narcotráfico y el terrorismo amenazando a jueces y fiscales, pues tiene que contemplarse la posibilidad de trasladar algunos juicios a Lima u otras capitales de región.
Se trata de casos de excepción a la competencia del juez natural, pero que son permitidos por el ordenamiento legal en asuntos vinculados a casos de corrupción, terrorismo y narcotráfico, cuando la vida de jueces y fiscales, que tiene alta prioridad, está seriamente en riesgo.
Se trata de una salida urgente y viable, mientras se arriba a una solución integral que erradique, de una vez por todas, a las mafias de narcotraficantes y terroristas que asuelan el país, con una política firme que combine la interdicción con otras herramientas de mayor presencia del Estado.