Al final del ducto se vislumbra un complejo petroquímico que cambiaría la faz del desarrollo del sur del país. Pero en el camino hay que sortear ríos y quebradas, y un cúmulo de desafíos financieros y políticos. Y las preguntas más agudas permanecen sepultadas bajo la selva de Camisea, en el Cusco. ¿Habrá gas suficiente?
El miércoles 3, el presidente Ollanta Humala anunció en la planta de Las Malvinas la recuperación de las reservas de gas del Lote 88 para el consumo interno.
El Lote 88 tiene 8.73 trillones de pies cúbicos (TFC, por sus siglas en inglés) de reservas probadas, oleadas y certificadas.
En el transcurso de los últimos siete años, la demanda nacional apenas ha consumido 0.6 TFC.
Pero en los próximos 20 años se tiene previsto que la demanda nacional consumirá 6 TFC, a los que se deben sumar 4 TFC reservados para la exportación.
La primera piedra del gasoducto Sur Andino develada en Quillabamba, Cusco, la semana pasada por Humala y el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, es el primer eslabón de un desafío aún mayor.
El proyecto del gasoducto Sur Andino contempla el tendido de ductos de gas y líquidos de 1,085 kilómetros desde Camisea hasta el puerto de Ilo, en Moquegua, donde la gigante brasileña Braskem plantea construir un polo petroquímico en base al etano.
La demanda adicional de gas para el proyecto es del orden de los 6 a 7 TFC.
Así las cosas, se requerirá que en Camisea se certifique la existencia de mucho más gas que el actual.
Esta semana, el Consorcio Camisea dio un verdadero salto al futuro.
Luego de un arduo tira y afloja, acordaron “renunciar irreversiblemente”, a la garantía de 2.5 TFC del Lote 88 que avalaba el proyecto de exportación de Perú LNG esat semana.
SUMAS Y RESTAS
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Observadores hicieron rápidas sumas y restas. Hasta el momento el proyecto del gasoducto Sur Andino cuenta con apenas 3 TFC garantizados.
El primero del Lote 88, reservado mediante Decreto Supremo en 2009. A su vez, en el colindante Lote 58 de Petrobras se tienen 1.7 TFC y en el Lote 58 de Repsol 0.3 TFC adicionales.
Sin embargo, en el Lote 57 habría 1 TFC y en el Lote 58 entre 5 y 10 TFC “de acuerdo a las previsiones de los propios petroleros”, dice Merino (ver infografía).
“Está garantizada de lejos la disponibilidad de gas para el sur”, sostiene el titular del MEM.
El problema es que las reservas del Lote 57 recién estarán probadas en julio de 2013, mientras que los recursos en el Lote 58 en diciembre de 2015.
Así, las dudas son razonables, pero al renunciar a la garantía del Lote 88, “el propio Consorcio Camisea aceptó tomar todos los riesgos”, reveló Merino.
“Dieron una muestra de confianza en el país y en sus estimados de reservas”, agregó.
Merino fue el artífice del acuerdo con el Consorcio Camisea sellado hace diez días.
En 2010, el gobierno de Alan García ordenó renegociar el contrato de Camisea modificado en 2006 con Alejandro Toledo, para “recuperar” dichas reservas para el consumo interno.
Las negociaciones se empantanaron ante la renuncia de los múltiples socios del Consorcio Camisea.
El Consorcio Camisea en su fase up stream o de “campo” está integrado por Pluspetrol (27% y operador), Hunt Oil (25%) SK (18%) Tecpetrol (10%), Sonatrach (10%) y Repsol (10%).
“Lo primero que hicimos fue dar señales claras de que el gobierno estaba empeñado en respetar las reglas de juego y la inversión”, explicó Merino.
En enero pasado, se dio el primer gesto. El Ministerio de Energía y Minas apeló la sentencia de la Corte Superior de Lima que falló a favor de la acción popular, presentada en 2010 por militantes del propio Partido Nacionalista, en contra de los decretos supremos que avalaron la “garantía” del Lote 88.
“La otra posición hubiera sido no apelar, lo que hubiera sido una pésima señal a los inversionistas”, explicó Merino.
SEÑALES CLARAS
En marzo, Merino dio un segundo paso importante, y viajó a México para entrevistarse con su gobierno, para convencerlos de la necesidad de renegociar el contrato privado entre Repsol y Pemex.
“Con los precios bajísimos del shell gas en EE.UU. el proyecto de abastecimiento del Perú no era conveniente para nadie”, razonó Merino.
Y los mexicanos, que tienen múltiples intereses en nuestro país, accedieron a liberar un porcentaje del gas para que se venda en el mercado spot internacional.
Las negociaciones entre Repsol y México están en curso.
“Esa fue una señal clara de que nosotros tomábamos la iniciativa en un tema que preocupaba a todos los actores”, señaló Merino.
La creación de una ventanilla única que permita alinear a todas las agencias gubernamentales responsables de otorgar las licencias de exploración en hidrocarburos también dio en el clavo.
La promulgación del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), aprobado por el Congreso unánimemente, demostró a los petroleros la seriedad del gobierno cuando hablaba de un desarrollo inclusivo, garantizando que los sectores más pobres de la población se beneficien del gas.
“Entonces le pedimos al Consorcio Camisea correspondencia: ustedes aceleran sus exploraciones y liberan los 2.5 TFC del lote 88”, relató Merino.
El primero de los socios del Consorcio Camisea en estampar su firma en el acuerdo que libera el gas del Lote 88 fue Repsol. El resto no tardó en pasar por el aro.
PETROPERÚ EN LA DANZA
Surgen ahora dos grandes desafíos. Conseguir el multimillonario financiamiento del gasoducto Sur Andino, y lograr que Petroperú sea parte de la danza como socio.
Para acelerar el proceso de construcción del gasoducto, se plantea un préstamo-puente por parte del Estado peruano. A cambio, Petroperú tomará asiento en el directorio.
La participación de Petroperú es una decisión política avalada por el Congreso de la República en diciembre pasado (Ley 29817).
Esta establece que el Ministerio de Economía y la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) estructuren la participación de Petroperú.
Pero la forma y proporción de la participación de la estatal petrolera peruana será definida por eldue dilligence o valoración del ducto a cargo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en mayo próximo.
Los primeros números de Kuntur –consorcio que tiene la concesión del proyecto– hablan de US$ 3,800 millones solo para construir el ducto. El desarrollo del polo petroquímico es del orden de los US$ 15,000 millones.
“Dado el monto de la inversión, Odebrecht y Petroperú van a buscar nuevos inversionistas. Nos interesa que participen más inversionistas en todas las etapas”, sostuvo Merino.
La participación de Petroperú es criticada acremente por parte del ala neoliberal. “Se ha equivocado el Presidente al afirmar que todo esto marca una transformación. Al menos en lo que toca a la empresa estatal, es tan solo una mala resucitación”, editorializó el diario El Comercio, el sábado 31 último.
Es la misma mentalidad que se opone a la intervención del Estado en el proyecto de irrigación Olmos en Lambayeque para democratizar el acceso a la tierra y que en ese caso ganó el oído de Palacio de Gobierno (CARETAS 2223).
Pero a su vez obvia un dato de la realidad: Pluspetrol, operador de los campos de Camisea, es una empresa estatal argentina; Repsol es estatal petrolera de España. Los ejemplos de empresas estatales foráneas en la distribución de combustible (ENAP de Chile con el Grupo Romero en Primax) o ISA de Colombia en la transmisión de electricidad están a la orden del día.
Cierto que Petroperú está en la obligación de transparentar sus cuentas, proceso que debe alcanzarse cuando liste en Bolsa de Valores.
La participación del Estado peruano en el proyecto del gasoducto Sur Andino debe evitar que se repita situaciones como el gasoducto a Lima, que pasa a 8 km de Huamanga, Ayacucho, sin que dicha población se beneficie, recuerda Alfredo Barnechea.
“Esa es la lección que hemos aprendido todos. Queremos que la población sienta que la inversión los incluye. Y el gas es fundamentalmente inclusivo”, según el ministro Merino.