Una de las razones por las que el Perú es primer productor de drogas cocaínicas a nivel mundial es porque el narcotráfico definitivamente ha penetrado en los operadores de la administración de justicia, es decir, la narcocorrupción ya ha llegado a niveles altos del Ministerio Público, del Poder Judicial y también de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
En el ámbito de los operadores de justicia, especialmente del Ministerio Público, con el nuevo Código Procesal Penal, ellos tienen básicamente todo el control de la investigación del crimen organizado y depende exclusivamente de ellos que un caso se judicialice y termine en sentencia condenatoria. Depende de ellos que un caso aborte o que quede en el camino como el caso de los Sánchez Paredes.
Si las instituciones como el Ministerio Público no cumplen con investigar y con su responsabilidad de cooperar con las otras instancias, primero con las del gobierno nacional y después sus contrapartes a nivel internacional, entonces el narcotráfico va a quedar impune.
Una de las características de esta actividad es que sus tentáculos alcanzan fuera de las fronteras del país. Si el Ministerio Público no entiende esa naturaleza básica, tenemos que ser mal pensados y creer que se está pecando por omisión y se comete una falta grave.
Desde el 2004, el caso de Fernando Zevallos no se ha investigado otro caso importante vinculado al tráfico de drogas o al lavado de activos; es como si en el Perú no existiera el narcotráfico.
Ha pasado una década en la que el Ministerio Público, la policía y el Poder Judicial no han sido capaces de investigar, denunciar y sancionar casos de este tipo. Allí hay una gravísima responsabilidad de ellos, luego del caso Zevallos solo se sentencian a traqueteros, microcomercializadores, entre otros. Pero las organizaciones dueñas del negocio –hasta ahora– están pasando por agua tibia.
Es un enorme reto para estas entidades que los casos no queden impunes, cuando se quieren hacer las cosas, sin duda se puede encontrar una salida. Sin embargo, si los líderes de estas entidades tienen actitudes timoratas, el resultado va a ser el mismo.
En el caso Sánchez Paredes, la investigación que se hizo a nivel policial en este caso, dio motivos para pensar que estábamos ante un caso importante de lavado de activos y narcotráfico, con unas conclusiones más o menos determinantes, la gran pregunta es ¿por qué el Ministerio Público, el fiscal de la Nación ha tenido una actitud bastante pasiva en las investigaciones? ¿Por qué no se dio la cooperación a nivel internacional?
La colaboración a nivel policial en materia antidrogas es bastante fluida ¿por qué no podemos exigir lo mismo a nivel del Ministerio Público? Aquí tenemos que empezar a sospechar que algo no anda bien porque estamos hablando del crimen organizado. Si no hay una cooperación básica entre esta entidad y su contraparte internacional, entonces en la práctica se le está haciendo el juego al crimen organizado.