El Acuerdo de Escazú promueve acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en temas ambientales.
El 2 de agosto de 2019, el gobierno del Perú envió al Congreso de la Republica el proyecto de ley de ratificación del Acuerdo de Escazú. Por ello el actual Congreso tiene pendiente la ratificación de este acuerdo. El Acuerdo de Escazú ya ha sido ratificado por 8 países (Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay). Se necesita que 11 Estados ratifiquen el acuerdo regional para que este entre en funcionamiento.
El acuerdo busca ‘garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible’ (artículo 1 del acuerdo regional). El acuerdo no es ningún instrumento fuerte o poderoso, es un típico instrumento resultado de un proceso que involucra largas y profundas negociaciones entre las cancillerías de todos los estados participantes.
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