El experto en temas agrarios Fernando Cillóniz sostuvo que se ha politizado la discusión sobre la ampliación de la Ley de Protección Patrimonial a las empresas azucareras, lo que genera complicaciones en la búsqueda de una solución.
“Cuando se mete la política se enreda todo. La Ley de Protección Patrimonial es una figura que solo se debe dar en situaciones de emergencia y por el plazo breve de un año y no de hasta casi 10, como es el caso de las azucareras Tumán, Pomalca y Cayaltí”, explicó.
Respecto al proyecto de Ley que prepara el congresista aprista Jorge del Castillo, que impulsa la venta directa de esas acciones a los trabajadores, Cillóniz advirtió que es imposible evitar que ellos las oferten a terceros.
“Tampoco es viable la propuesta presidencial de entregar las acciones del Estado a los trabajadores. Eso puede resolver la violencia social pero es un otorgamiento que no procede», apuntó.
Tras precisar que no es partidario que una empresa monopolice el sector azucarero, consideró que lo más provechoso es que las acciones del Estado en las azucareras sean subastadas. “Creo que hay muchos empresarios que estarían interesados. Me gustaría una pugna entre Gloria y Oviedo, por ejemplo», comentó.
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