Una mafia que “blanqueaba” madera de procedencia ilegal fue puesta al descubierto por efectivos policiales de la delegación de Alexander Von Humbolt, quienes decomisaron 14 mil pies de madera a la altura del kilómetro 60 de la carretera Federico Basadre, con apoyo de la Fiscal Provincial Mixta de Padre Abad, Marilú Molina Herrera.
De acuerdo a las primeras investigaciones, la mafia no solamente estaría integrada por madereros de Ucayali, sino también por funcionarios del Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, de Pucallpa y por miembros de la Policía Ecológica del puesto de control ubicado en el kilómetro 10,5 de la mencionada vía.
La representante del Ministerio Público ordenó la intervención de los camiones con placas de rodaje YI-3985 y YI-2812 conducidos por Cirilo Carhuachin y Julián Justo Arzapalo Alania, respectivamente.
Al realizar el registro de los vehículos, se comprobó que el primero de ellos transportaba ocho mil pies de madera y el otro seis mil pies de la especie comercial shihuahuaco, que ya se encontraba cortada en tablillas de gran tamaño.
Al momento de ser requeridos por la PNP, los conductores manifestaron que no contaban con las autorizaciones para trasladar el recurso natural maderable pero indicaron que la madera había salido de la localidad de Curimaná, en la provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, para ser trasladada a la ciudad de Lima y era de propiedad de la empresa Luban Servicios Internacionales SAC.
Aparecen autorizaciones salvadoras
La información fue corroborada por el puesto de control de la localidad de Curimaná, quien informó a la representante del Ministerio Público que los camiones habían cargado la madera de la especie shihuahuaco de esa localidad, para luego seguir por la carretera Federico Basadre.
Lo sorprendente fue que 24 horas después de haber constatado la procedencia de la madera y su procedencia ilegal, los conductores presentaron las guías de transporte forestal 203581 y 203582, documentos que indicaban que dicho cargamento no provenía de Curimaná, sino de Contamaná, en la región Loreto.
Pero más sorprendente aún, fue comprobar que los documentos salvadores contaban con el sello y la firma del verificador del INRENA, Eduardo Arévalo Bardales y de personal de la Policía Ecológica del puesto de control ubicado en el kilómetro 10,5 de la carretera Federico Basadre.
También tenían el visto bueno de la empresa Industria Maderera SRL. Toda una maniobra para confundir a las autoridades. El hecho es investigado por el Ministerio Público porque hay indicios de la existencia de una bien montada mafia del tráfico de madera.
Otro hecho que llama la atención es que el jefe de la Sexta Región Policial de Pucallpa, general PNP Luis Muguruza Delgado, no tenga como política hacer rotar al personal del puesto de control de la Policía Ecológica ubicada en el kilómetro 105 de la carretera Federico Basadre, el mismo que estaría desde hace tiempo al mando de un suboficial PNP y no de un oficial policial como corresponde.