JUNÍN. Han pasado cinco días de la muerte del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez, asesinado en su comunidad nativa Puerto Ocopa, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, Junín, región donde el narcotráfico y la expansión del cultivo ilegal de hoja de coca cobra, una vez más, la vida de un luchador social.
Esta mañana el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, alertó que, a la fecha, los casos de más de cuatro líderes indígenas asesinados en el departamento de Junín se mantienen impunes, pues no se ha identificado a los responsables de los crímenes, entre ellos, los que planearon matar de varios disparos a Santiago Contoricón Antúnez.
Contoricón fue un líder involucrado desde muy joven con la protección de su pueblo. Fue miembro del Comité de Autodefensa de su comunidad y hasta comandó la resistencia contra la organización terrorista Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) en el territorio tradicional de los pueblos Yánesha, Nomatsiguenga y Asháninka.
Durante esa época, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), este último grupo poblacional indígena fue el más golpeado por el Conflicto Armado Interno (CAI). Se calcula que, de 55 mil asháninkas, un aproximado de 10 mil fueron desplazados forzosamente en los valles del Ene, Tambo y Perené; 6 mil personas fallecieron y cerca de 5 mil personas estuvieron cautivas por PCP-SL Luminoso; y desaparecieron entre 30 y 40 comunidades asháninkas.
Santiago participó activamente en la liberación de sus hermanos indígenas del secuestro que sufrieron por parte del grupo terrorista y, con el paso del tiempo, asumió nuevos compromisos para contribuir en asegurar la vida de las comunidades nativas de la zona, a través de cargos en gestión pública, de los cuales resaltan su labor como consejero regional por Satipo y alcalde de Río Tambo.
Entre esos compromisos, la lucha contra el narcotráfico por parte de las organizaciones de base indígena se constituye como un panorama que se agudiza por el permanente abandono del Estado. Una realidad que incluso se evidencia, hasta el momento, con la ausencia de la Policía en el área dónde ocurrió el homicidio y la falta de respuesta por parte de las autoridades para dar con el paradero de los culpables, vinculados presuntamente a esta economía ilícita.
Esta información fue confirmada a Inforegión por Fabián Antúnez, actual presidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART), quien ahora se encuentra amenazado de muerte, tras el asesinato del líder asháninka.
“¡No hay nada, nada! La voz de protesta es porque no hay respuesta ni de la Policía, ni del gobierno. No se está realizando ninguna diligencia policial en la zona. Nos sentimos fatal, impotentes de no poder hacer nada, de no poder acudir a ningún lado”, expresa con indignación el presidente de la CART.
Ante ello, Antúnez remarcó que mantendrán bloqueadas las vías de Puerto Ocopa, en Satipo, hasta que se hagan presentes el presidente de Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y los ministros de Defensa, Luis Chávez, y del Interior, Vicente Romero.
“La situación está totalmente tensa. Al gobierno central no le interesan las comunidades nativas, nunca les ha interesado. Por ahora solo contamos con el respaldo de todos los alcaldes del distrito de Satipo y el gobierno regional en acompañar nuestras medidas de protesta”, declaró.
El exdirigente de Río Tambo, José Antúnez, familiar de Santiago Contoricón, también conversó con esta casa periodística y manifestó su preocupación, debido a que el lugar donde sucedió el asesinato solo se encuentra vigilada por ronderos de la zona. “Nosotros somos los que estamos presentes ahí en el lugar, ninguna de las autoridades está ahí con nosotros, ni la Policía, ni las Fuerzas Armadas, solo puros ronderos que estamos en pie de lucha”, indicó.
Por otro lado, enfatizó que en Puerto Ocopa a pesar que existe una base de la Marina de Guerra del Perú, la comunidad se ha convertido en una vía libre para los grupos dedicados al narcotráfico, y ese peligro se ha traducido en el asesinato de Santiago Contoricón. Por ello, las comunidades nativas de Río Tambo exigen el cierre de dicha base y el retiro de la zona de personas foráneas. Esto debido a que se han sumado en el distrito la presencia de otras economías ilícitas, como el tráfico de tierras y madera ilegal.
“Yo tenía 30 años cuando la subversión vino a destruir mi pueblo, especialmente al Río Tambo. Aparentemente, desde el año 2010, la zona estaba pacificada, pero ahora nuevamente las bases militares y policiales asentadas en Río Tambo y Ene ya no están haciendo efectivo su trabajo, su misión. Por eso, los narcotraficantes llevan y pasean su mercadería libremente y eso nos pone en riesgo. No vemos el trabajo de estas instituciones y por eso estamos en pie de lucha”, alerta el exdirigente.
“Como ronderos, recordando el tiempo de la subversión, ¿acaso nosotros hemos esperado a las Fuerzas Armadas para que nos puedan organizar? No, nosotros con nuestro propio criterio nos hemos organizado no solamente para dar libertad a Río Tambo, sino a nivel nacional”, agrega.
En ese sentido, los dirigentes asháninkas solicitaron de manera urgente la acción inmediata de las autoridades del gobierno central para crear un plan de seguridad local que garantice la vida de las comunidades de Río Tambo, y de quienes defienden, en coordinación con las fuerzas del orden, su territorio ancestral.
“¡Insisto! La presencia de los señores ministros es necesaria. Queremos dialogar con ellos, nosotros solo queremos defender nuestras familias y nuestro territorio para poder lograr el desarrollo de nuestro pueblo”, insistió José Antúnez, familiar de Santiago Contoricón.
Por otro lado, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, ha criticado al Ministerio de Justicia, respecto a su accionar en relación al crimen cometido en Satipo. “Lo único que pedimos es que se sancione a los responsables para que los deudos de tantas víctimas queden conformes y así resarcir mínimamente el daño que se hizo”.
El funcionario público también recordó que actualmente Río Tambo no cuenta con una dependencia policial. “Mi respaldo a todas las manifestaciones, que son justas, porque tenemos que hacer prevalecer los derechos de cada ciudadano de esta parte del Perú. Necesitamos que los comités de autodefensa estén fortalecidos y más presencia de la Policía”.
Así lo expresó el día de hoy en una conferencia de prensa, en compañía de Teódulo Santos Arana, alcalde provincial de Satipo, miembros de la Central Asháninka del Río Tambo (CART) y la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC), la Unión Ashaninka Nomatsigenga Del Valle De Pangoa (KANUJA), entre otras organizaciones indígenas.
Los comentarios están cerrados.