El religioso británico Paul McAuley confirmó la orden de la Corte Superior de Loreto de aceptar el hábeas corpus presentado la semana pasada contra la orden de expulsión del país dictada por el Ministerio del Interior. “Ha sido una grata sorpresa, esta mañana recibí la notificación que reconoce mi derecho al libre tránsito y que no seré expulsado de momento”, expresó.
“Nos han notificado que la resolución declara fundado el proceso constitucional de hábeas corpus”, anunció, para luego decir que la jueza a cargo del caso ordenó “que cesen todos los actos que perjudiquen el derecho al libre tránsito”.
El religioso de la orden de La Salle, que preside la Asociación Red Ambiental Loretana desde 2006, recibió el pasado 1 de julio una comunicación del Ministerio del Interior que cancelaba su residencia “por realizar actos contra el orden público interior” y le ordenaba abandonar el país en un plazo máximo de siete días.
Sus abogados interpusieron de inmediato un recurso de amparo basado en que el ambientalista no había sido notificado válidamente ni tampoco tuvo derecho a la defensa y al debido proceso.
También presentaron el recurso de hábeas corpus, con el fin de que McAuley pueda transitar libremente por el país sin ser detenido, decisión que hoy les fue favorable. El religioso asegura que se dedica a vigilar el uso de los recursos naturales y sobre todo los derechos de las comunidades indígenas de la selva peruana.
Entre sus actividades, presentó recursos ante el Tribunal Constitucional contra las concesiones forestales y denuncias por contaminación petrolera contra empresas como la argentina Pluspetrol.
Según la agencia EFE, McAuley dijo que va a “seguir trabajando de manera normal” y que el documento judicial le da “seguridad por lo menos de momento”. “Me ha aliviado y una vez más agradezco todo el apoyo recibido en el país y el extranjero”, acotó.
La abogada de Mc Auley confirmó que el religioso “va a continuar con sus funciones”, pero que están a la espera de la decisión que tomará el Gobierno, que aún puede impugnar la decisión judicial para que el tema sea visto en una segunda instancia.
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