Campesinos de diversas localidades cercanas a Vizcatán, en las alturas del VRAE, denunciaron ante representantes de instituciones estatales y de organismos de derechos humanos, el haber sido maltratados y forzados a desplazarse forzosamente por causa de las operaciones emprendidas por el Comando Especial del VRAE para acabar con los remanentes senderistas al mando de los camaradas José y Gabriel.
La comisión multisectorial de Ayacucho estuvo compuesta por el Comisionado para la Paz y el Desarrollo de Ayacucho, Carlos Condori y por representantes de entidades públicas como el PRONAA y FONCODES y de organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Asociación Paz y Esperanza y Aprodeh.
Sus miembros llegaron hasta el centro poblado de Canayre, ubicado en el distrito de Llochegua y recogieron directamente diversas denuncias y demandas.
«Al tercer día de iniciadas las operaciones militares, fui detenida junto con otras 16 personas, entre varones y mujeres. Nos acusaron directamente de colaborar con los *tíos* (en referencia a los elementos de Sendero Luminoso) y permanecimos con las manos atadas durante dos días y sin probar alimentos», relató Nilda Sánchez, pobladora desplazada de la localidad de Nueva Esperanza.
Asimismo, Manuel Cisneros, teniente gobernador de la localidad de José Olaya, manifestó que los militares lo desalojaron de su localidad sin permitirle sacar sus cosas. Dijo que lo mismo hicieron con muchos otros habitantes.
«Salimos sin ropa y sin alimentos. Les pedimos a los militares que nos dejen entrar a nuestros campos de cultivo, por unas horas al día, para cosechar nuestro maíz, yuca, cacao y coca… Pero los militares no nos dejaron. La inversión y el trabajo de muchos meses se ha perdido», señaló.
Por su parte Ronal Torres, poblador de Nueva Esperanza, denunció que patrullas combinadas de las Fuerzas Armadas obligan a los varones a integrase a los Comités de Autodefensa-CAD para luchar contra los terroristas.
«Si cumplimos con esa disposición… ¿de qué van a vivir nuestras familias? Los militares no entienden y nos han amenazado con quitarnos nuestros terrenos para entregarlos al Comité de Autodefensa, CAD, de la zona», sostuvo.
Aproximadamente son mil los desplazados en el VRAE. La mayor parte se concentra en Canayre, los cuales actualmente sobreviven en condiciones precarias.
Afectados y desamparados
De acuerdo con el registro efectuado ayer por FONCODES, son seis las localidades afectadas. En Valle Hermoso han sido desplazadas 80 familias, 68 en Jesús de Belén, 70 en Pampa Aurora, 70 en José Olaya, 60 en Nueva Esperanza y 30 en Lima Progreso.
Hasta ayer ninguna institución estatal se había preocupado en visitarlos y ofrecerles ayuda.
El director de la organización Paz y Esperanza, Norberto Lamilla, señaló que las operaciones militares son necesarias para acabar con los remanentes terroristas y garantizar la seguridad en la zona.
Sin embargo, sostuvo que los encargados de diseñar esas políticas no se han puesto a pensar en las poblaciones inocentes que actualmente sufren violaciones a sus derechos fundamentales.
Por su parte, el comisionado para la Paz y el Desarrollo de Ayacucho, Carlos Condori, señaló que trasladará las demandas y quejas de la población afectada a las instituciones correspondientes para que investiguen el hecho y brinden apoyo a las familias afectadas.