Magdiel Carrión, presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca en Piura, aseguró al diario La República que la población no dará marcha atrás en la consulta ciudadana del próximo 16 de setiembre, en la que expresarán su posición sobre la actividad minera, y que el sábado se reunieron para coordinar las medidas de seguridad que tomarán para que todo se realice con tranquilidad.
Al ser consultados si las ONGs los han instigado, Carrión aseveró que coordinan con la Red Muqui y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) para solucionar pacíficamente este problema; pero que “antes que nos conozcan las ONGs, hicimos solos la primera marcha al proyecto Río Blanco de Majaz en 2004″.
«Luego, en agosto de 2005, se intensificaron las cosas porque lo único que había era atropellos en nuestras comunidades”, aseguró.
Consulta sí o sí
El dirigente aseguró que no están en contra del desarrollo, sino que no quieren que destruyan sus páramos a tajo abierto porque son fuentes de agua y deberían ser protegidos por el Gobierno.
Sin embargo, aclaró que durante este gobierno, el Ministerio de Energía y Minas no ha atendido a sus pedidos de diálogo y que ahora que está cerca la consulta, el premier Jorge del Castillo recién busca conversar. “Y solo lo vamos a hacer cuando reconozcan los resultados de la consulta”, aseguró.
Pidió al Gobierno que no permita la actividad de Majaz y dijo que la opción de diálogo con los nuevos accionistas de la minera era imposible. “¿Qué vamos a dialogar si la mina ha invadido nuestras tierras, matado a nuestros campesinos y nos quiere encarcelar? Que hayan cambiado de gerente no garantiza nada porque la actitud es la misma”, recalcó.
Carrión aseguró que durante la etapa de exploración del proyecto hubo muchos daños, como la tala de árboles para buscar el mineral, sobre todo en los años 2000 y 2001 una gran cantidad de páramos han sido quemados, aunque la minera afirma que son los propios campesinos quienes queman los pastos, por lo que la comunidad de Yanta declaró toda esa zona como una reserva natural para que nadie pueda ingresar ni realizar quemas de ningún tipo.
El dirigente señaló que las comunidades y las rondas trabajan a través del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, el cual les brinda asesoría técnica y legal para la consulta, amparados en la Constitución Política y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de participación de los pueblos indígenas.