En medio de amenazas de paro y exigencias al Estado para que apruebe el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC presentado por la empresa Doe Run Perú, poco se ha informado a la comunidad si la empresa que compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya tendrá como exigencia el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental del aire y las obligaciones de apoyo social, ambiental y en salud que tiene actualmente Doe Run Perú.
“El Ministerio de Energía y Minas realizó 177 observaciones al IGAC presentado por Doe Run Perú, no se conocen el detalle de estas observaciones, si se tratan de temas operativos, ambientales o financieros, pero ya es preocupante el solo hecho de que este instrumento de gestión ambiental haya tenido tantas observaciones, más aún cuando lo que se apruebe establecerá las nuevas obligaciones ambientales de la empresa que compre los activos”, manifestó Rosa Amaro, representante del Movimiento por la Salud de La Oroya – Mosao.
De acuerdo con la dirigente, Doe Run Perú ya presentó el levantamiento de las observaciones y el Ministerio de Energía y Minas MEM, como autoridad sectorial, manifiesta viene trabajando arduamente en la evaluación del IGAC y su plan de adecuación, velando por que la empresa Doe Run Perú complete la información que cumpla con todas las condiciones exigidas para que la operación en La Oroya esté garantizada preservando el cuidado del ambiente y la salud de sus pobladores.
“Las autoridades de La Oroya y el sindicato de Doe Run Perú solo piden que se apruebe el IGAC para lograr que se venda la empresa, pero no se han realizado audiencias públicas en las cuales se pueda comunicar a la población de La Oroya cuales serían la nuevas condiciones de trabajo del nuevo operador que garanticen que no se afectará el ambiente y la salud, y que se hagan cumplir las normas ambientales”, manifestó.
Para Rosa Amaro,es una lástima que no se hayan realizado audiencias públicas o charlas informativas en las cuales se presenten las propuestas ambientales del IGAC, lo cual es obligatorio cuando se aprueba un estudio de impacto ambiental pero no en este caso, aunque se pudo realizar de manera voluntaria.
“La población tiene derecho a saber en qué condiciones ambientales se está proponiendo que trabaje la empresa y cuáles serían los impactos en la salud y el ambiente de dichas operaciones en estas nuevas condiciones. Todos queremos que el Complejo Metalúrgico Reinicie sus operaciones, pero garantizando la salud y vida de la población», refirió a INFOREGIÓN.
Por su parte, Arturo Alfaro, presidente de la ONG VIDA, se limitó a manifestar que durante la adecuación a las nuevas normas ambientales al nuevo operador se le debe exigir el cumplimiento de las mismas obligaciones ambientales que ya tenía Doe Run Perú, incluyendo las establecidas en la Resolución Ministerial 257-2006-MEM, que obliga la realización de programas para atender a niños contaminados por plomo, madres gestantes, educación ambiental y atención a los afectados por humos de dióxido de azufre.
Los comentarios están cerrados.