El pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra la parlamentaria Tula Benites, por 66 votos a favor, 9 en contra y una abstención, por los presuntos delitos de colusión, peculado y falsedad genérica, configurados por la presunta contratación irregular de un trabajador de su despacho.
Así, quedan en suspenso sus derechos parlamentarios en tanto dure el proceso penal que se le sigue; aunque hasta el momento no hay una información oficial respecto a si se procederá o no a convocar al accesitario de la parlamentaria.
Previamente, la representación nacional aprobó por 78 votos la reconsideración de la votación, presentada por las bancadas del Apra, Unidad Nacional, Alianza Parlamentaria y el Partido Nacionalista. Antes de la votación, Benítes indicó al pleno que la reconsideración sobre su caso carecía de sustento legal.
Además, denunció que ese caso había sido «politizado», pues ayer se culminó este asunto con todas las formalidades posibles, “pero la presión mediática de una prensa enemiga ha obligado a la reconsideración», argumentó.
Frente a los cuestionamientos que generó su participación en la votación de anoche, precisó que ella sí estaba habilitada para votar, en la medida que en ese momento tenía restituido todos sus derechos partidarios. Acusó que viene soportando diez meses de una permanente campaña difamatoria.
Luego de la votación, el congresista Rolando Sousa, del Grupo Parlamentario Fujimorista, dijo que se había viciado todo el proceso seguido en el caso de la congresista Benites. Sostuvo que este tema no podía haber sido reconsiderado ya que en la noche anterior se había ejecutado la aprobación del acta. Sin embargo, la reconsideración de la primera votación fue un acuerdo de la Junta de Portavoces.