La Contraloría General de la República planteó incluir los delitos de corrupción en los alcances de la Ley de Pérdida de Dominio, para permitir el resarcimiento inmediato de lo indebidamente sustraído al Estado por malos funcionarios públicos.
La pérdida de dominio, que permite transferir al Estado los bienes de procedencia ilícita, aplica actualmente sólo para los delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro, extorsión y trata de personas.
La institución que dirige el contralor Fuad Khoury propone que esta norma también incluya los delitos de concusión, colusión, peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho propio o impropio en que se afecte el patrimonio del Estado.
Señala que esta omisión debe corregirse, pues, en la comisión de estos delitos se puede llegar a manejar grandes cantidades de dinero y recursos, en desmedro del patrimonio público.
Además, la Contraloría advierte que el mayor impacto en la sanción de los delitos de corrupción se logra afectando legalmente el patrimonio de los malos funcionarios y su dominio sobre los bienes adquiridos con los frutos del delito.
La propuesta forma parte de un proyecto de ley remitido por esta institución al Congreso, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción.
Según estimaciones de la Contraloría General de la República, el Estado peruano pierde alrededor de 6,000 millones de nuevos soles por corrupción, cifra que representa el 10 y 15 por ciento de las compras y adquisiciones gubernamentales.
Según la Sexta Encuesta Nacional sobre Corrupción 2010, de Proética, el 51 por ciento de los peruanos considera esos delitos como el principal problema del país.