De acuerdo al estudio “Justicia Juvenil en el Perú. Situación actual y desafíos de políticas y legislación”, es necesario asegurar la existencia de una gama de medidas alternativas a la privación de libertad y su aplicación como primera opción.
“Se hace necesario adoptar medidas educativas alternativas, como servicios comunitarios, sin embargo, el 65.8% de los adolescentes no es atendido bajo ninguna modalidad”, afirmó Federico Tong, asesor de la Representación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en ATV+.
“Ya es tiempo de mirar la evidencia, no podemos seguir respondiendo en base a legislación hecha en base a los titulares, necesitamos evidencia. La tendencia internacional y lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, es usar las medidas alternativas al internamiento como primera opción. Aquí estamos al revés, lo que la convención establece es que, las medidas privativas de libertad debieran hacerse solo en casos extremos y por el menor tiempo posible”, refirió.
A continuación se preguntó si más penas reducen la comisión de las infracciones y de los delitos.
“Los centros juveniles hablan de una reincidencia muy baja. Un estudio que realizó Naciones Unidas en convenio con el Instituto Nacional Penitenciario, con cifras al 2008, encontró que los presos de Lurigancho y de Sarita Colonia –donde está concentrada la mayor población por tráfico ilícito de drogas- el 18% había pasado previamente por el sistema penal juvenil y de esos el 80% había pasado por medidas privativas de libertad”, agregó.
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