PIURA. Ayer se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley que incluye al Tráfico de Fauna Silvestre en el ámbito de la Ley Contra el Crimen Organizado, convirtiéndose el Perú en el primer país de Sudamérica en tomar dicha decisión. Sin embargo, se reportaron protestas por parte de pescadores artesanales en la bahía de Sechura que están en desacuerdo contra esta modificación.
Recordemos que el 29 de octubre pasado, la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros de la Ley 29620 (ANAP), de la bahía de Sechura, se reunió para llegar a acuerdos y medidas que permitan combatir actividades ilegales en la región. «Rechazamos la avalancha de permisos de pesca ilegal que se viene otorgando desde el Ministerio de Producción y solicitamos la renuncia del ministro del sector. Además solicitamos a la Fiscalía de la Nación su intervención en los presuntos actos ilícitos en la entrega de permisos por parte de Produce», se lee en el grupo de facebook de Perú ANAP.
Es precisamente con esta inclusión del tráfico de fauna silvestre en el ámbito de la Ley Contra el Crimen Organizado que se busca fortalecer el combate contra varias actividades que dañan el ambiente, como la pesca ilegal; ya que dicha modificación entregaría mayores herramientas a los actores nacionales de justica para contener este delito. No obstante, algunos grupos de pescadores consideran que esta ley es una amenaza.
Se observa que desde el grupo de facebook de ANAP se exhorta a los gremios a protestar pacíficamente en contra la norma citada, pues se afirma que esta busca criminalizarlos. Además, se impulsa derogar dicha ley e interponer una demanda constitucional ante esta modificación. En adición a ello, este grupo rechaza la presencia de la ONG Oceana, pues consideran que dicha organización busca eliminar la pesca artesanal e industrial del país, obedeciendo fines trasnacionales.
«La ley que sanciona como crimen organizado las infracciones en las actividades pesqueras es un triunfo de las ONGs y pedimos que ningún gremio se reúna con estos enemigos del sector pesquero. La responsabilidad es tanto del Congreso como del Presidente de la República porque nunca observó la ley. Con esta ley no solo se enviará a la cárcel a miles de pescadores sino que se incautarán sus embarcaciones«, añade el ANAP en su página facebook.
Lo cierto es que el Poder Ejecutivo sí observó esta ley antes de que sea aprobada por el Parlamente. Uno de los mitos que ha girado en torno a esta inclusión es que su finalidad es perseguir al pescador artesanal; sin embargo, esta modificación no busca incautar embarcaciones de este sector o sancionar a la pesca incidental, sino que va dirigida contra aquellas mafias que, por ejemplo, desvían harina de anchoveta o que comercializan aletas de tiburón.
El Perú ha sido el primer país de Sudamérica en incluir el delito por tráfico de especies silvestres en la Ley Contra el Crimen Organizado. Esto es un gran logro. Por lo que derogarla implicaría un retroceso en materia de protección ambiental. En ese sentido, se debe tener bien claro que implementar medidas a favor de la conservación ambiental choca, muchas veces, con mafias que quieren defender sus intereses.