Mientras tanto, Pablo Rojas secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), consideró que el presidente Alan García debiera declarar, no como testigo, sino en calidad de involucrado en la matanza de El Frontón, en 1986.
Según Rojas, en la Coordinadora de Derechos humanos, hay organismos que consideran que el jefe de estado debe encontrarse en el proceso en calidad de involucrado y aseguró que las pesquisas del juzgado anticorrupción permitirán determinar la naturaleza de las órdenes impartidas por Alan García al entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, para el desarrollo de la operación militar en El Frontón, los días 18 y 19 de junio de 1986, en donde murieron más de 100 reclusos acusados o sentenciados por terrorismo.