Billy Kyte, vocero principal de Global Witness, opinó que detrás del proyecto de ley que declara de interés público la construcción de 270 kilómetros de vía terrestre entre Puerto Esperanza e Iñapari, hay intereses creados y solicitó que el Congreso de la República inicie una investigación para descubrir estos posibles vínculos.
“En nuestra opinión podrían haber intereses creados detrás del proyecto, escondidos, es decir que habrían vínculos entre la madera y la construcción de la carretera”, afirmó Kyte en conferencia de prensa en la que presentó el informe “Un arduo camino: cómo la Amazonía peruana y sus pueblos se ven amenazados por el incumplimiento de la ley y los intereses creados que defienden la carretera de Purús”.
“Queremos que haya una comisión investigadora parlamentaria para que examine estos posibles intereses”, dijo el representante de Global Witness a INFOREGIÓN.
Para el especialista “existe un posible conflicto de intereses por parte del congresista Carlos Tubino, como promotor del proyecto de ley. Tubino fue jefe político militar en 1996 en Ucayali, un periodo en que -según nuestras fuentes- fue cuando más caoba ilegal se sacó desde Purús a Pucallpa en aviones militares, tenemos una información que nos llegó de alguien que trabajó con el contratista en la base naval de esa época de Tubino en donde vio abiertamente el tráfico de madera ilegal en aviones militares (…) El congresista Tubino niega cualquier responsabilidad en ese sentido”.
En la presentación el informe también se analizó el impacto ambiental que puede producir la implementación de la carretera y la postura de los pueblos indígenas en Purús. Kyte aseguró que si este proyecto de ley se aprueba, la nueva carretera tendrá un impacto devastador sobre el medio ambiente y las comunidades indígenas de la zona, además de infringir la legislación en materia de áreas protegidas, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y la protección de los grupos indígenas no contactados. Sin embargo, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, encargada de la formulación de recomendaciones al Congreso, no ha puesto de relieve ninguno de estos problemas en sus deliberaciones oficiales.
“Hay tantos problemas asociados con esta propuesta que resulta preocupante que se haya llegado tan lejos con ella. Algunas de las personas que más abiertamente defienden este proyecto están vinculadas con intereses en los sectores de la madera y el oro, dos materias primas que sin duda se extraerán de esta zona por la nueva carretera. Por desgracia, la opinión de estas personas actualmente domina el debate político mientras que se ignoran las peticiones de los ministerios nacionales peruanos y las organizaciones indígenas de que se rechace el proyecto de ley”, ha comentado Kyte.
Global Witness envió las acusaciones contenidas en el informe a las principales personas y empresas implicadas. «Se recibieron cartas de respuesta de varios interesados, entre ellos el Congresista Carlos Tubino y Agro Industrial SAC, en las que se negaban muchas de nuestras acusaciones», aseguró una fuente del organismo internacional que ha recomendado al Estado peruano el archivamiento del Proyecto de Ley Nº 1035-2011/CR.
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