La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y la representante regional para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Rosa Villa Quintana, presentaron hoy el informe «¿Qué está pasando con los pueblos indígenas?», el cual revela los obstáculos y avances en materia de derechos indígenas en los países de Perú, Ecuador y Bolivia.
Este estudio se refiere a las buenas prácticas, obstáculos y desafíos en la implementación de las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, del Comité de los Derechos del Niño y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, explicó Villa Quintana.
En el evento, realizado en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Lima, la funcionaria explicó que ahora los pueblos indígenas son vistos como sujetos de derecho y no como objeto de políticas públicas, por lo que se busca reconocer que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar estrategias para el ejercicio de su derecho a desarrollo.
En el contexto político, económico y ambiental de los tres países, «se ve un movimiento creciente de participación de pueblos indígenas en la vida política nacional en un contexto de persistente discriminación de poder político y económico, enfrentan desplazamientos de sus territorios ancestrales e imposición de modelos de extracción de recursos naturales que violan sus derechos colectivos», dijo Villa Quintana.
Conflictos sociales y nula capacitación a funcionarios en derechos indígenas
Agregó que «en el Perú, las concesiones mineras entre los años 2002 y 2007 crecieron en un 87.7% y el Observatorio de los Conflictos señala que el 55% de las 6 mil comunidades campesinas están siendo afectadas por la minería. La Defensoría dijo que los conflictos ambientales entre 2006 y 2007 aumentaron en un 47%».
Igualmente, dijo que en los tres países hay una alta correlación de etnia, pobreza, género y estratificación social que no los favorece. Agregó que hay discriminación de género con un tratamiento desigual de niñas que dificulta su acceso a servicios básicos.
«En todos los países se han intensificado problemas debido a la construcción de empresas, exploración petrolera, expropiación de tierras, deforestación, construcción de carreteras, contaminación del agua por actividad minera, militarización, narcotráfico, impacto de comunicaciones. La cultura de la violencia se ha extendido al ámbito familiar afectando a las mujeres», alertó Villa Quintana.
También resaltó los avances constitucionales de Bolivia y Ecuador en legislación de derechos colectivos en donde se abrieron espacios de participación a las mujeres en los ámbitos político y social, más no en lo económico. Sin embargo, alertó que pese a avances, hay brechas de exclusión de la mujer indígena en la toma de decisiones.
Igualmente, la funcionaria precisó que el estudio revela un fuerte déficit en el esfuerzo de capacitación de funcionarios públicos en temas relacionados con la protección de los derechos de los pueblos indígenas y poca sensibilización de los funcionarios públicos y el respeto por la interculturalidad y la diversidad cultural.
Villa Quintana también señaló que las autoridades judiciales, legisladores y funcionarios públicos no conocen las leyes e instrumentos internacionales ratificados en materia de pueblos indígenas, tampoco las recomendaciones del Relator Especial.
Brechas en derecho a la consulta de pueblos indígenas
Como dato revelador, precisó que existen brechas en el derecho a la consulta de pueblos indígenas, reconocido en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y derechos territoriales como parte de libre determinación de autoogobierno. «En el Perú se implementan procedimientos que se alejan del espíritu de la norma del Convenio que prevé la consulta previa de los pueblos indígenas», dijo.
Por otro lado, destacó que la educación intercultural bilingüe se asumió como política de Estado en los tres países, sin embargo, presenta obstáculos en su implementación y tiene mecanismos débiles para integrar de manera eficiente un enfoque antirracista y de respeto a pluralidad cultural y étnica e igualdad de género en educación.
Finalmente, lamentó que haya un alto grado de desconocimiento sobre el Relator Especial en los tres países y tampoco haya mecanismos eficaces e institucionalizados para difundir instrumentos de defensa de pueblos indígenas entre las instancias de los gobiernos, sobre todo por la falta de voluntad política, discriminación, violencia y racismo.
En ese marco, demandó el esfuerzo de todos los actores involucrados. Al Estado pidió voluntad política, coordinación, recursos humanos y técnicos y herramientas para el monitoreo y evaluación. A las instituciones nacionales les solicitó que hagan auditoría del proceso de implementación; y a las organizaciones indígenas, participación en estrategias de divulgación e implementación y monitoreo.