La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, recomendó a la Fiscalía de la Nación incrementar el número de médicos legistas psicólogos que garanticen una adecuada evaluación psicológica a niños y adolescentes víctimas de abuso sexual.
La recomendación de la Defensoría del Pueblo se sustenta en un informe de esa institución, según el cual durante la etapa de investigación preliminar, sólo en el 38.6% de los casos se practicó el examen psicológico a la víctima y en 33% al procesado.
“El bajo porcentaje de exámenes psicológicos, tanto ordenados como practicados, permite deducir la escasa importancia que los operadores del sistema de justicia otorgan a las consecuencias del hecho delictivo y a la posibilidad de la atención especializada que deben recibir las niñas, los niños y los adolescentes víctimas de delitos sexuales”, indica la Defensoría.
También pide a la Fiscalía que implemente más cámaras de Gesell en los distritos judiciales del país, a fin de garantizar la “eficacia de la diligencia declaratoria” de los menores víctimas.
De otro lado, la Defensoría considera que el personal del Instituto de Medicina Legal (IML) debe informar a las víctimas y familiares el derecho de las primeras a asistir a la diligencia acompañadas por un familiar o persona encargada, ya que en 33.5% de los casos, las víctimas asistieron acompañadas, y en 4.2% concurrieron solas.
Otra de las recomendaciones pide al Congreso de la República aprobar la inmediata entrada en vigencia e implementación del artículo Nº 247 del Código Procesal Penal, que establece y regula las medidas de protección para las víctimas, testigos, peritos y colaboradores con el fin de que sean aplicables a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
Así mismo, al Ministerio de Justicia se le plantea adoptar las medidas correspondientes a fin de que las víctimas y sus familiares reciban asesoría y defensa legal gratuita durante la investigación preliminar y todas las etapas del proceso penal.
Se exhorta a la Policía Nacional para que los miembros de su institución, durante la investigación preliminar de denuncias por delitos sexuales a niños y adolescentes, se abstengan de formular a las víctimas preguntas impertinentes (referidas, por ejemplo, al tipo de ropa en el momento de los hechos o a si opuso resistencia durante la agresión sexual).